Martín Vizcarra, expresidente de la República, deberá cumplir cinco meses de prisión preventiva. Esto mientras avanza la investigación fiscal en su contra por los casos Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua. La medida, dictada por el juez Jorge Chávez Tamariz, se sustenta en el riesgo de fuga, la posible obstrucción al proceso y el comportamiento procesal del exmandatario. Vizcarra es acusado de recibir S/ 2,3 millones en coimas cuando era gobernador de Moquegua.
La audiencia, seguida con atención en todo el país, concluyó con la orden de detención inmediata de Vizcarra. Este fue trasladado bajo custodia a la espera de que el INPE determine el penal donde cumplirá la medida. La Fiscalía lo señala como presunto autor del delito de cohecho pasivo propio, acusándolo de favorecer a las constructoras ICCGSA y Obrainsa en la adjudicación de millonarias obras públicas.
La decisión marca un giro drástico en el proceso. En junio, el juez Víctor Alcocer había rechazado un pedido similar al considerar insuficientes los elementos de convicción. Sin embargo, la apelación presentada por el Ministerio Público prosperó y, el 26 de julio, la Tercera Sala Penal de Apelaciones anuló el fallo. Y abrió la puerta para que otro magistrado evaluara nuevamente el caso.
La tesis fiscal describe una presunta red de corrupción gestada durante la gestión regional de Vizcarra, en la que pagos ilícitos habrían asegurado contratos clave. Según la acusación, el dinero provenía de sobornos pactados antes y durante la ejecución de las obras, un esquema que el expresidente niega rotundamente.
Con la prisión preventiva en marcha, el proceso entra en una etapa decisiva. La Fiscalía tendrá cinco meses para robustecer sus pruebas antes de un eventual juicio. Mientras la defensa de Vizcarra prepara una contraofensiva legal para revertir la medida.
