Nuevamente, los funcionarios del gobernador Rohel Sánchez están en la cuerda floja. Sucede que el pleno del Consejo Regional de Arequipa (CRA) aprobó la interpelación a dos funcionarios del mandatario regional. La medida responde a cuestionamientos por presuntas deficiencias en la ejecución de inversiones públicas y en la atención de emergencias ambientales.
Cierre de inversiones
El primer caso corresponde a Luis Calcina Bedoya, jefe de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI). La propuesta de interpelación fue presentada por el presidente de la Comisión de Infraestructura y Proyectos de Impacto Regional, Aaron Maldonado López.
El consejero Maldonado sustentó su pedido señalando que el funcionario cerró 18 proyectos de inversión en distintas provincias de la región. Varios de ellos en sectores prioritarios como educación, salud y agricultura. Además, lo acusó de no acudir a dos citaciones previas realizadas por su comisión.
La sesión extraordinaria para que el mencionado comparezca ante el pleno se realizará el lunes 25 de agosto a las 9 de la mañana. El funcionario deberá responder un pliego de 18 preguntas relacionadas con los cierres de inversiones y los criterios técnicos y legales que sustentaron dichas decisiones.
Entre los proyectos cerrados figuran obras como el mejoramiento y puesta en valor del templo San Juan Crisóstomo de Chocó (Castilla), sistemas de riego tecnificado en Huancarani y Aplao (Castilla), y mejoras en centros de salud de Chivay, Sibayo, Tuti y Yanque (Caylloma). También se incluyen iniciativas como el mejoramiento de vivienda rural en diversos centros poblados de la región, la ampliación de redes de agua y alcantarillado en Samuel Pastor (Camaná), y obras de infraestructura de riego en Siguas, Bella Unión y Caravelí.
De igual forma, se cuestiona el cierre de proyectos educativos como la mejora de la I.E. N.º 40187 José Olaya Balandra (Arequipa) y la I.E. N.º 40479 Miguel Grau (Islay). Dos de los casos más polémicos son el Instituto Superior Tecnológico Monseñor José Luis González Ruiz y la Institución Educativa Independencia del Perú, que fueron cerrados y reabiertos en pocos días.
Tiene que responder
“Se han cerrado 18 proyectos que afectan a 7 provincias. Todos estaban programados y presupuestados para elaborar sus expedientes. Esto no es nada político, es técnico y está documentado”, afirmó el consejero tras sustentar su postura de interpelación.
Entre las interrogantes más relevantes, se cuestiona si existe posibilidad de revertir el cierre de proyectos. De ser así, los consejeros sostienen que ello evidenciaría una deficiencia en la gestión de la OPMI, al no evitar el perjuicio a las comunidades y el retraso en metas regionales.
El funcionario también deberá explicar si es consciente de la trascendencia de cerrar proyectos de alta prioridad para Arequipa y cómo estas decisiones afectan la confianza de la población en la administración regional.
Inacción del COER
El segundo caso de interpelación involucra a José Luis Barrezueta Reyes, coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) y gerente de Gestión de Riesgos y Desastres del Gobierno Regional de Arequipa (GRA). La medida de control político fue solicitada por el consejero de Islay, Juan Carlos Huanca Molero, por supuesta inacción ante la contaminación del río Tambo.
Huanca denunció que, pese a la emisión de decretos de urgencia para mitigar el impacto en la salud de la población, el funcionario no implementa acciones efectivas. Según el consejero, solo se reportó la entrega de alimentos y agua potable, pero sin detallar la cantidad de beneficiarios ni la distribución real de la ayuda.
Es menester mencionar que, la contaminación del río Tambo se originó por el arrastre de aguas del río Coralaque, en Moquegua. El mismo que desde el 11 de enero presentó una coloración amarillenta y presencia de metales pesados. Agricultores y autoridades locales alertaron sobre el riesgo de afectar cultivos y ganado en la provincia de Islay.
Sin plan de remediación
El origen de la emergencia ambiental, de acuerdo con las denuncias, sería la descarga de residuos mineros de la empresa Aruntani, que opera en la zona de influencia del río Coralaque. El consejero responsabilizó a las autoridades regionales por no exigir medidas inmediatas de remediación.
“Yo veo una desidia total. El gerente no hace nada por mitigar el problema. Todo es vago, no dice cuántos se beneficiaron, cuántos recibieron agua. Esa falta de transparencia obliga a esta interpelación”, sustentó Huanca.
La sesión extraordinaria del 25 de agosto abordará ambos casos de manera consecutiva. En ella, cada funcionario deberá responder a las preguntas elaboradas por los consejeros y podría abrirse un proceso posterior para evaluar su permanencia en el cargo. Las respuestas de los funcionarios serán clave para determinar si se procede a una eventual moción de censura.
