Tras varios meses de investigación, una comisión especial del Consejo Regional de Arequipa (CRA), designada para revisar minuciosamente el proceso de adjudicación de la construcción de las vías Huambo – Majes y Jachaña – Cayarani, presentó su informe final. El mismo que revela omisiones y hasta posibles delitos. La responsabilidad recae en funcionarios y exfuncionarios cercanos al gobernador Rohel Sánchez.
El informe —elaborado por los legisladores regionales Cesar Huamantuma Alarcón (presidente), Natividad Taco Cueva, Miguel Ángel Linares Riveros, Yesenia Choquehuanca Cruz y Fernando Cornejo Pacheco— arroja luz sobre posibles negligencias en la evaluación de las propuestas presentadas por los consorcios Scorpion y LTR. Ambas empresas fueron seleccionadas para llevar a cabo los proyectos millonarios, aunque después las licitaciones terminaron por caerse. Esto al revelarse las irregularidades cometidas durante el proceso.
Hallazgos
En el caso del proyecto “Mejoramiento del servicio de transitabilidad vial interurbano en la carretera vecinal AR-670: Jachaña — Tambopata — ViscaVisca – Cayarani – pte. Cayarani” (Caylloma), según la comisión, se detectaron inconsistencias en la verificación de la experiencia técnica y capacidad financiera del consorcio LTR. Este estuvo conformado por las empresas Scorpion Contratistas Generales S.A.C. (84%), Inversiones Mibisa EIRL (1%), Rojas Naupay Percy (1%) e Inversiones Dimica C.A. (14%).
Esto plantea serias dudas sobre la idoneidad del consorcio para ejecutar una obra de gran envergadura. Uno de los hallazgos más alarmantes es la presunta omisión por parte del comité de selección de revisar exhaustivamente la documentación presentada por el consorcio ganador.
En este punto, el equipo de trabajo, señala a Richard Fernando Calle Polanco (presidente titular), Dorian Enrique Melo Sardon (miembro titular 1) y Alonso José Agüero Taipe (miembro titular 1) como posibles responsables de la mala praxis al momento de revisar el expediente. Tampoco se descarta una omisión intencionada en este proceso, lo que se postula el presunto delito de colusión.
Escándalos conocidos
Además, la comisión cuestionó la experiencia de DIMICA CA, empresa venezolana con una mochila cargada de antecedentes. Y es que no se encontraron evidencias sólidas de su trayectoria en proyectos similares dentro del país. Sucede que presentó como experiencia cuatro contratos con entidades públicas: dos que se resolvieron y otras dos que no logran culminar.
A esto se suma que esta empresa transnacional es acusada de falsificar documentos en otras regiones del Perú. Tal como lo advirtió un dominical, en Pasco y en Puno, la firma se alzó con obras millonarias, pero el supuesto representante desconocía todo vínculo con esta empresa. Estas alertas, que ya eran públicas, no fueron tomadas en cuenta por el comité de selección del gobierno regional.
Finalmente, la comisión en el marco de su investigación solo recibió documentación de actos preparatorios del proceso de selección. Esto pese a que se solicitó todo con relación a la etapa de presentación y calificación de propuestas. Está negativa constituye un probable ocultamiento de información relacionada a la acreditación de la experiencia y demás requisitos de la empresa.
Los mismos “errores”
Con relación al proyecto denominado “Mejoramiento de la transitabilidad en la vía departamental ruta AR-109, en los distritos de Majes, Lluta y Huambo”, la comisión desveló negligencias similares durante la adjudicación de la buena pro. Esta obra inicialmente se adjudicó al consorcio Scorpión, integrado por Scorpión Contratistas Generales S.A.C. y la misma Dimica C.A.
Tan igual que el caso anterior, la comisión — integrada por el exjefe de Logística Erick Apaza Palo (presidente), Vicente Raúl Zeballos y Zeballos (miembro titular) y Guillermo Abad Palomino Burgos — no revisaron minuciosamente la documentación presentada por la empresa que no cumplía con acreditar experiencia. O, tal vez, esta falta de verificación fue adrede.
Incluso, en los portales de transparencia del gobierno venezolano no se encontró evidencia alguna de la prestación de servicios u otro de la empresa Dimica C.A. con dicho gobierno. La empresa tampoco cuenta con una página web u otro que deje de su actividad y existencia.
Por lo descrito líneas arriba, la comisión especial recomendó elevar el informe a dictamen para su aprobación en el pleno del CRA, con el objetivo de remitir a la Contraloría y el Ministerio Público para que se investiguen los hechos y se determinen las responsabilidades pertinentes. Todavía queda la duda si estas fallas fueron errores voluntarios o involuntarios.
