La presión internacional sobre el régimen de Nicolás Maduro volvió a escalar. Desde Ginebra, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, exigió la liberación inmediata de la activista Martha Lía Grajales. Esta fue arrestada tras participar en una protesta en Caracas. La declaración no solo cuestiona la legalidad de su detención, sino que pone bajo el foco la represión contra defensores de derechos humanos y familiares de presos políticos, en un contexto de creciente persecución y violencia.
A Martha Lía Grajales la detuvieron el 8 de agosto en la capital venezolana, horas después de alzar su voz en una manifestación pacífica. Desde entonces, ni su familia ni su defensa han recibido información oficial sobre su paradero o estado de salud. Para Volker Turk, esta falta de transparencia vulnera principios básicos del derecho internacional y constituye un riesgo grave para su integridad.
El caso se produce en un clima de represión que ha ido en aumento. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) denunció que, durante una vigilia frente al Tribunal Supremo de Justicia, colectivos armados afines al oficialismo atacaron brutalmente a madres, niños y activistas que reclamaban justicia. La Defensoría del Pueblo reconoció el hecho, pero las autoridades judiciales y el Ministerio Público han guardado silencio sobre los responsables.
La protesta, que reunió a unas 50 personas, coincidía con el aniversario de la detención de opositores arrestados tras las elecciones de julio de 2024. Unos comicios señalados por la oposición como fraudulentos. Según cifras de ONG, las protestas posteriores dejaron 28 muertos, casi 200 heridos y más de 2.400 detenidos. De ellos, 807 siguen en prisión bajo cargos de “terrorismo” o “incitación al odio”, delitos que pueden significar décadas tras las rejas.
Mientras el régimen de Maduro insiste en que no existen presos políticos, las denuncias de persecución política y violencia estatal continúan acumulándose. La exigencia de la ONU no solo busca la libertad de Grajales, sino que representa un llamado urgente a detener la escalada represiva que amenaza con cerrar aún más el espacio cívico en Venezuela. La comunidad internacional mira de cerca, pero el gobierno chavista parece decidido a no ceder.
