Gustavo Petro encendió una chispa peligrosa en plena frontera amazónica. El mandatario colombiano denunció que el Perú ha ocupado ilegalmente territorio colombiano y violado el Protocolo de Río de Janeiro. Lo dijo sin rodeos y desde Leticia, como parte de una respuesta simbólica y estratégica. Desde Lima, la reacción fue inmediata. A través de una nota diplomática, una bandera izada en la isla Santa Rosa y un mensaje claro de que no permitirán “ninguna pretendida usurpación”. La diplomacia, otra vez, camina por una cuerda floja.
El 7 de agosto, mientras en Bogotá se celebraba la Batalla de Boyacá, Petro eligió Leticia para conmemorar la fecha patria. No fue casualidad. El presidente quiso enviar un mensaje directo: su gobierno no tolerará lo que calificó como una ocupación silenciosa de territorio colombiano por parte de Perú. Según Petro, la reciente creación del distrito de Santa Rosa de Loreto y una ley peruana que reconoce islas amazónicas al norte del río constituyen una violación flagrante del tratado de límites de 1934.
Desde la Cancillería peruana, las declaraciones no cayeron bien. Emitieron una nota de protesta y ratificaron que la isla Santa Rosa —cercana a la triple frontera con Brasil y Colombia— ha sido y seguirá siendo peruana. En el Congreso, varios legisladores exigieron una defensa más enérgica de la soberanía. Y las Fuerzas Armadas izaron la bandera nacional en la zona como gesto simbólico. La presidenta Dina Boluarte, por su parte, expresó su sorpresa y lamento ante lo que consideró una provocación innecesaria.
El conflicto revive heridas mal cerradas de una frontera que ya enfrentó una guerra en 1932 y cuya delimitación actual surgió tras años de tensas negociaciones. Aunque los tratados están firmados, los vacíos estatales y la ambigüedad geográfica en zonas fluviales como el Amazonas complican la convivencia. En Santa Rosa, los cerca de 3 mil pobladores viven olvidados por Lima, y muchos dependen de Leticia para servicios básicos, lo que, irónicamente, refuerza los argumentos de Petro.
Pese a la tensión, ambos gobiernos han optado —al menos por ahora— por encaminar el diferendo por la vía diplomática. Petro pidió una revisión legal del caso dentro del marco del Protocolo de Río de Janeiro, y desde Perú aseguran que no cederán ni un centímetro de territorio. La historia, sin embargo, demuestra que los conflictos no se resuelven solo con tratados: se resuelven en el terreno, con presencia real del Estado. Y allí, en la selva, el abandono aún pesa más que los discursos.
