En el corazón agrícola de Islay, la minería ilegal vuelve a encender las alarmas. La Fiscalía del Medio Ambiente de Arequipa inició una investigación preliminar contra quienes resulten responsables de actividades extractivas no autorizadas en la zona de Dique Quelgua, margen izquierda del río Tambo. Las primeras evidencias halladas por autoridades y consejeros regionales revelan una operación clandestina de gran escala. La misma que pone en riesgo la salud ambiental del valle y la seguridad hídrica de miles de familias.
La denuncia fue impulsada por los consejeros regionales Juan Carlos Huanca y Nila Roncalla, miembros de la Comisión de Energía y Medio Ambiente. Ambos participaron en una inspección de alto riesgo el 23 de mayo junto a la Policía y funcionarios de Energía y Minas. Lo que encontraron superó sus expectativas: infraestructura operativa lista para la extracción subterránea, herramientas de gran capacidad y un campamento aparentemente abandonado ante la presencia de las autoridades.
La escena descubierta en Dique Quelgua sugiere planificación y recursos. Un andarivel de ocho metros de altura para cruzar el río, socavones con material recientemente removido, un pulmón de aire comprimido conectado por tubos de polietileno, y accesos excavados a la medida del río. A 400 metros, en El Carrizal, se identificó otro túnel activo. Todo indica que se trata de una operación estructurada, no improvisada.
Durante la intervención, cuando el equipo técnico intentó acercarse al campamento, un parlante advirtió que se trataba de “propiedad privada”. Para los consejeros, no fue coincidencia que no hubiera trabajadores: alguien los habría alertado. El consejero Huanca recordó que en una inspección previa en noviembre de 2024 encontraron un socavón. Pero no había la maquinaria ni las conexiones eléctricas que hoy evidencian una actividad en expansión.
La situación es crítica: el río Tambo abastece a buena parte del valle de Islay, motor agrícola de la provincia. “Esta minería ilegal podría estar contaminando más que cualquier proyecto formal”, advirtió Huanca, en clara alusión al polémico proyecto Tía María. La Fiscalía ahora tiene 60 días para identificar a los responsables. La pregunta que flota es cuántas veces más se permitirá que intereses ilegales vulneren el equilibrio ambiental del sur del país.
