El 23 de julio, el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, participó en un accidente vehicular que, lejos de seguir los cauces legales establecidos, terminó envuelto en el silencio. La camioneta en la que se trasladaba impactó por detrás a un auto particular, pero en lugar de asumir responsabilidades y reportar el hecho ante las autoridades policiales, el incidente se ocultó.
Y es que ninguna comisaría recibió la denuncia, no se realizaron peritajes y, según los propios jefes policiales, nadie les informó nada. Este caso, más que un simple accidente, evidencia una preocupante cultura de impunidad. Pues las autoridades que deberían dar el ejemplo optan por el encubrimiento y eludir la ley.
Choque por alcance
El accidente tuvo lugar alrededor de las 8 de la mañana en la intersección de las calles Mariano Melgar y J. M. Cuadros, mientras el gobernador se dirigía a la sede del Ala Aérea N.° 3 de la Fuerza Aérea del Perú. Su destino era participar en la ceremonia conmemorativa por el 84.º aniversario póstumo del gran general del aire, José Abelardo Quiñones.
La unidad en la que se trasladaba es una camioneta Toyota Fortuner de placa CFN-088, alquilada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a la empresa Befri EIRL. Según el Portal de Proveedores del Estado, el alquiler del vehículo se realizó el 11 de febrero de 2025 por un monto de S/ 1,571.76. Esta unidad fue destinada a transportar personal del Gobierno Regional de Arequipa.
Según las imágenes a las que accedió Revelación.pe, la camioneta oficial impactó por la parte posterior a un vehículo particular blanco. Tras el choque, personal de seguridad del Estado del mandatario regional movilizó rápidamente otra unidad del mismo modelo, con placa EGM-035, perteneciente a la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), para trasladar al gobernador.
Abandonó el lugar
En el video se observa claramente al gobernador Rohel Sánchez saliendo de la camioneta colisionada y abordando rápidamente el segundo vehículo, con el que continuó su trayecto. Esta acción dejó al conductor del vehículo afectado sólo en el lugar, reclamando los daños a los trabajadores de la institución que los acompañaban al momento del impacto.
Lo llamativo del caso es que, pese a tratarse de un accidente con una unidad de uso estatal y con presencia de un alto funcionario, el hecho no fue reportado a la comisaría correspondiente, ni se realizaron los procedimientos legales exigidos por ley. Tales como el peritaje vehicular o el dosaje etílico a los conductores. Estos exámenes son necesarios para determinar responsabilidades en los hechos.
Nadie sabe nada
Este medio consultó al jefe de la Región Policial de Arequipa, general PNP Olger Benavides Ponce de León, quien aseguró que no le informaron sobre el accidente. “No me han reportado nada de un accidente ocurrido con un vehículo asignado al Gobierno Regional de Arequipa. No tengo conocimiento”, declaró.
De igual forma, el comisario de la dependencia policial de Cerro Colorado, comandante PNP Julio Tapia Guillén, negó tener registro alguno de estos hechos. “No tengo conocimiento. Si fuera el Gobierno Regional me acordaría. Así sean unidades del Estado, todo accidente debe reportarse, ir a la comisaría, pasar peritaje, dosaje etílico y los procedimientos establecidos por ley”, afirmó.
La ausencia de un parte policial y la rápida retirada del gobernador del lugar, sin asumir responsabilidad ni colaborar con las autoridades ni el otro conductor afectado, evidencian un intento deliberado de encubrir el hecho. Esto contrasta con el deber de transparencia y ejemplo que deben brindar las autoridades públicas; empezando por el propio gobernador.
A la fecha, no existe constancia oficial del accidente en ninguna dependencia policial. Tampoco se emitió un pronunciamiento institucional por parte del Gobierno Regional de Arequipa respecto al siniestro.
Asimismo, el gerente general del Gobierno Regional, Johan Cano Pinto, también alegó desconocer el suceso. “Respecto al accidente, no tenía conocimiento”, respondió escuetamente por WhatsApp, incluso tras enviarle el video que muestra claramente la participación del gobernador.
El silencio institucional y la falta de medidas correctivas reflejan una preocupante falta de compromiso con la rendición de cuentas. Además, podrían configurar un caso de omisión de funciones, al tratarse del uso de bienes públicos y un incidente con implicancias legales que no fue procesado por los canales oficiales. Finalmente, queda en manos de las autoridades competentes iniciar una investigación formal que determine responsabilidades y, de ser necesario, aplicar sanciones conforme a ley.
