Por Omar J. Candia Aguilar. Abogado y político. Mail: ocandia@unsa.edu.pe
Cada cierto tiempo —por interés, cálculo político, demagogia, etc.— se pone en discusión nuestra permanencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El mismo que se encuentra integrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Y el principal argumento es “la defensa de nuestra soberanía”.
Recientemente, la Corte IDH requirió a la presidenta Dina Boluarte no promulgar la ley de amnistía aprobada por el Congreso a militares y policías procesados o condenados por delitos durante el conflicto armado interno (1980-2000) contra las organizaciones subversivas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Frente a ello, la presidenta respondió “el Perú es libre, independiente, con autonomía soberana y eso debe quedar bien claro. No somos colonia de nadie y no permitiremos la intervención de la Corte Interamericana».
Lo paradójico, es que la presidenta Boluarte, cuando se desempeñaba como Vice Presidenta de Pedro Castillo, recurrió a la Corte IDH para suspender la acusación constitucional que pretendía inhabilitarla por 10 años por infringir el artículo 126 de la Constitución. La misma que establece que “(…) Los ministros no pueden ejercer otra función pública, excepto la legislativa (…)”. En aquella oportunidad el marco fáctico de imputación se centraba, en que “era Ministra y al mismo tiempo ocupaba el cargo de presidenta del Club Departamental Apurimac”.
Los tiempos cambian, y al parecer la presidenta cambio de opinión. Hoy, a diferencia de ayer, considera que la intervención de la Corte IDH es vulnerar la soberanía. Sin embargo, no se puede caer en simplismos, y desconocer la importancia para la democracia y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. No se puede tener como argumento un razonamiento falaz —la defensa de la soberanía— para pretender denunciar la Convención Americana y retirarnos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Todo Estado constitucional y de derecho, debe contar con los mecanismos nacionales e internacionales para controlar y limitar el poder político, y para defender los derechos y libertades de los ciudadanos. Cuando los controles institucionales internos fracasan, claudican o abdican de sus funciones, son las instancias internacionales las que protegen los derechos y libertades de los ciudadanos frente al abuso de los gobiernos. Ser miembro del Sistema Interamericano es un mecanismo y una garantía adicional que tienen los ciudadanos frente al leviatán del Estado. El mismo que muchas veces se ha extralimitado y vulnerado derechos de los que menos poder tienen.
