Faltan pocos días para que la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima emita su pronunciamiento sobre la demanda de acción popular contra el artículo 5.2 del Decreto Supremo N°008-2021-MINAM, que permite la pesca industrial en la Reserva Nacional Dorsal de Nasca (Ica). Científicos y pescadores artesanales han sumado fuerzas para exigir que los jueces impidan la violación de las Áreas Naturales Protegidas.
En un memorial, investigadores nacionales e internacionales advierten que autorizar esta actividad en zonas protegidas contradice los principios de conservación. La misma norma que creó la reserva, publicada el 5 de junio de 2021, permite la pesca industrial bajo una “zonificación vertical” que libera los primeros 1.000 metros de profundidad. Para los especialistas, es un “despropósito” que fragmenta hábitats y amenaza a especies vulnerables como tortugas, mamíferos marinos y aves.
La decisión que tomen los magistrados Oswaldo Ordóñez Alcántara, Andrés Tapia Gonzáles y Bacilio Cueva Chauca no solo definirá el futuro de Nasca, sino que sentará un precedente para otras reservas amenazadas, como Paracas y el Mar Tropical de Grau. Oceana, autora de la demanda, sostiene que la norma es inconstitucional y que los permisos pesqueros no son derechos adquiridos, sino habilitaciones regulables.
Los pescadores artesanales advierten que la integridad de las reservas es clave para mantener “semilleros” que garantizan el crecimiento de especies y sostienen miles de familias. Acusan a la Sociedad Nacional de Pesquería de buscar debilitar una protección vigente hace más de 20 años.
El llamado coincide con un informe que revela la caída drástica de aves guaneras, leones marinos y pingüinos por sobrepesca, cambio climático y brotes de gripe aviar. En solo tres años, las aves guaneras pasaron de 4 millones a 500 mil ejemplares.
Para los demandantes, el fallo será decisivo: o se fortalece el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, o se abre la puerta a su degradación irreversible.
