Con información de BamNoticias
La minera Aruntani S.A.C. y dos de sus extrabajadores fueron condenados a pagar una reparación civil de S/ 4.5 millones por el daño ambiental ocasionado en los ríos de Moquegua y Arequipa. Esta contaminación se generó por filtraciones de su proyecto Florencia Tucari y fue evidenciada en informes de la ANA, OEFA y peritajes fiscales entre 2016 y 2018.
Aunque en un inicio el Poder Judicial fijó la reparación en S/ 5 millones, la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte de Arequipa redujo este monto a S/ 4.5 millones. La resolución de vista N.° 138-2025 fue notificada el pasado 8 de julio, y ratificó la responsabilidad de la empresa y sus funcionarios por el daño ambiental.
Uno de los elementos más relevantes en el juicio fue un peritaje elaborado en 2018 por Consulcont S.A.C. Esta atribuía el 59% de la contaminación a causas naturales y el 44.1% a la operación minera. Sin embargo, la consultora recomendaba que la empresa construya una planta de tratamiento de agua en coordinación con el Estado. Lo que nunca se implementó.
Responsables
Los exfuncionarios condenados son Eduardo Delgado Díaz, quien ocupó cargos como jefe de Planta y superintendente general de la unidad Tucari. Y Abel Yurivilca Puchoc, entonces jefe del área ambiental. Ambos reconocieron haber cometido el delito de contaminación, pero se negaban a pagar parte de la indemnización.
La minera también alegó que la contaminación tenía un componente natural significativo y presentó como prueba la declaración del perito José Luis Gonzalo Luna. Este afirmó que no podía determinar con precisión la cuantía de los daños ni la responsabilidad directa de los implicados.
Sin embargo, el tribunal desestimó estos argumentos al considerar que, incluso en sus propias pruebas, Aruntani admite una responsabilidad del 44% en los daños. Este porcentaje justificó la decisión de imponer una reparación civil proporcional al daño causado.
Una de las estrategias de defensa de Aruntani fue invocar una carta fianza por más de 8 millones de dólares entregada al Estado para ejecutar el plan de cierre de mina. La empresa alegó que este fondo cubriría los daños ambientales. No obstante, la Sala determinó que esa garantía no era aplicable porque la contaminación ocurrió antes del inicio de dicho plan.
Mínima reparación
La sociedad civil considera que la sentencia, aunque importante, es insuficiente. Marilú Marroquín León, expresidenta de la Junta de Usuarios Ensenada – Mejía, calificó de ínfimo el monto de la reparación civil. “Es imposible que esa cifra cubra el daño ambiental al río Tambo. En Islay estamos mucho más afectados y no se ha hecho nada al respecto”, expresó.
En efecto, Marroquín recordó que las aguas contaminadas discurren hasta el océano Pacífico por la provincia de Islay, afectando gravemente al ecosistema marino y a los agricultores del Valle de Tambo. Criticó también la pasividad de las autoridades regionales frente a un problema que, dijo, “nos ha dejado a merced de estos sinvergüenzas de Aruntani”.
Aruntani sabía
El fallo también dejó al descubierto que fue la propia defensa de los extrabajadores quienes introdujeron el peritaje de Consulcont en el proceso, evidenciando que la empresa conocía del daño desde hace 8 años, pero decidió no actuar ni presentar dicho informe oficialmente.
A pesar de esta resolución, aún queda un proceso pendiente para que otras comunidades afectadas —como las del Valle de Tambo— puedan exigir medidas compensatorias. La sentencia sólo abarca los daños directos reconocidos en Moquegua, dejando fuera a otras zonas impactadas.
Por lo pronto, la resolución representa una advertencia para el sector extractivo: el daño ambiental no quedará impune y quienes lo provoquen —ya sean personas naturales o jurídicas— deberán asumir las consecuencias. El desafío ahora es garantizar que la reparación se ejecute y se empiece a restaurar el ecosistema dañado.
