La Fiscalía de la Nación interpuso una denuncia constitucional ante el Congreso contra el expresidente Pedro Castillo y 25 congresistas. Esto por presunta organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada. La medida, presentada el 25 de julio por el Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, vincula a legisladores de Acción Popular y Perú Libre. Así como a exministros del gobierno de Castillo que habrían operado en una red delictiva desde el Ejecutivo.
Según la investigación fiscal, Pedro Castillo habría encabezado una estructura criminal desde Palacio de Gobierno, con apoyo de varios congresistas y ministros. Esta red habría direccionado contratos públicos a cambio de votos parlamentarios, asegurando el respaldo legislativo a favor del entonces mandatario. Los ministerios de Transportes, Vivienda y Producción figuran como principales focos de estas supuestas maniobras corruptas. Junto con otras entidades estatales como la Policía Nacional, Migraciones y la Empresa Nacional de Puertos.
La denuncia incluye a 14 congresistas de Acción Popular identificados con el caso “Los Niños”, entre ellos Darwin Espinoza, Jorge Flores, Elvis Vergara y Silvia Monteza. También se encuentran señalados 11 legisladores de Perú Libre y el Bloque Magisterial, como Américo Gonza, Katy Ugarte y Oscar Zea. Todos ellos enfrentan cargos por presunta organización criminal y tráfico de influencias, lo que los coloca en el centro de una trama que, según la Fiscalía, operó con fines ilícitos durante el mandato de Castillo.
El documento fiscal también señala a exministros clave del gabinete de Castillo, como Juan Silva (Transportes), Jorge Prado (Producción) y Betssy Chávez (Trabajo). A ellos se les imputa haber actuado como operadores logísticos de la presunta red, gestionando contratos y designaciones irregulares a través de influencias políticas. La acusación plantea que estos funcionarios habrían negociado con congresistas para asegurar el control de sectores estratégicos del aparato estatal.
Mientras tanto, uno de los parlamentarios denunciados, Ilich López, postula a la tercera vicepresidencia del Congreso en la lista multipartidaria encabezada por Somos Perú. Su candidatura ha generado rechazo incluso dentro de Acción Popular, donde sectores lo acusan de manchar la imagen del partido. López es investigado por su supuesta participación en el intercambio de votos por favores durante el régimen de Castillo, en un contexto que reaviva el debate sobre la ética en la representación parlamentaria.
