Manuel Aco Linares, el suspendido alcalde de Yarabamba que alguna vez confesó haber recibido sobornos a cambio de favorecer licitaciones millonarias, ahora busca volver al poder. Apenas unas horas después de que el Poder Judicial rechazara la ampliación de la medida que le impedía ejercer funciones públicas, sorprendió enviando un oficio al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) exigiendo que se le devuelva su credencial de alcalde titular.
Lo paradójico es que, en la audiencia judicial, su propia defensa había asegurado que no tenía intención de regresar al cargo. Sin embargo, el documento enviado al máximo órgano electoral revela otra historia: una batalla abierta por recuperar el sillón municipal, una defensa encendida de sus derechos políticos y duras acusaciones contra jueces, fiscales y regidores, a quienes señala de abuso de autoridad y persecución.
Se burla de la justicia
Durante la audiencia realizada en el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, la Fiscalía pidió ampliar por nueve meses adicionales la medida que inhabilitaba temporalmente al imputado de ejercer cargos públicos. El requerimiento se sustentaba en el riesgo de que pueda interferir con testigos protegidos y continuar cometiendo delitos de la misma naturaleza.
Según el Ministerio Público, el exalcalde enfrenta cargos por los delitos de cohecho activo genérico y colusión agravada, este último en condición de delito continuado. La ampliación de la medida restrictiva se fundamentó en que los testigos clave del caso tienen vínculos laborales con la municipalidad. Lo que podría comprometer la integridad del proceso penal.
Logró su objetivo
Sin embargo, el juez a cargo del caso desestimó la solicitud, al considerar que no existen elementos suficientes que demuestren un peligro procesal actual, ni riesgo de fuga por parte del imputado. El despacho judicial también tomó en cuenta que Aco Linares había manifestado su voluntad expresa de no regresar al cargo, mediante una renuncia irrevocable presentada el 30 de enero de 2024.
Incluso, su abogado defensor Jorge Valdivia Carnero, sostuvo que su patrocinado no se oponía a la ampliación de la medida solicitada por la Fiscalía, dado que se encuentra en un proceso de terminación anticipada actualmente en apelación. Asimismo, reafirmó que su cliente no ha realizado ningún acercamiento a la comuna desde la presentación de su renuncia.
El juez concluyó que no es legalmente procedente imponer una restricción adicional que impida ejercer un cargo de elección popular sin una sentencia condenatoria firme. En ese sentido, declaró infundado el pedido del Ministerio Público y señaló que la medida coercitiva ya no era necesaria, puesto que el propio Aco Linares había manifestado de forma reiterada su desinterés en retomar la conducción del municipio.
Ni corto ni perezoso
Pese a esta decisión judicial y a sus declaraciones anteriores, el exalcalde envió de inmediato un oficio al Jurado Nacional de Elecciones solicitando su restitución como autoridad titular. En el documento, el aún alcalde calificó como “abusiva y prevaricadora” la medida judicial que lo inhabilitó temporalmente. Y exigió que se deje sin efecto la credencial de alcalde provisional otorgada al teniente alcalde.
“Solicito se me reponga mi credencial de alcalde titular y se deje sin efecto la credencial de alcalde provisional otorgada indebidamente hasta la fecha”, señala el documento enviado al JNE. Asimismo, cuestiona que se le haya impedido ejercer el cargo sin una sentencia condenatoria en su contra, alegando que ello vulnera sus derechos como autoridad elegida por voto popular.
Amenaza a la justicia
En el mismo oficio, el exburgomaestre arremete contra los jueces y fiscales que ordenaron su suspensión, indicando que denunciará ante el Ministerio Público a los responsables por haberlo apartado del cargo sin que exista una sentencia ejecutoriada. También amenazó con acudir a los medios de comunicación y redes sociales para hacer pública su denuncia contra lo que considera un atropello judicial.
Aco Linares también solicitó la “desacumulación” del nuevo expediente de vacancia, argumentando que no puede ser incluido en el proceso original. Y que los actuados recientes fueron remitidos digitalmente por la municipalidad sin seguir los procedimientos formales establecidos por la Ley Orgánica de Municipalidades.
Cabe recordar que el alcalde se encuentra actualmente procesado por delitos de corrupción. Su reconocimiento de haber recibido coimas puso en entredicho la legitimidad de su mandato, aunque legalmente no fue sentenciado de forma definitiva.
