Un informe técnico, elaborado por el consejero César Huamantuma Alarcón, reveló graves irregularidades en la ejecución del proyecto de descolmatación del río Challa, financiado por el Gobierno Regional de Arequipa (GRA). Los trabajos que tenían como objetivo reducir el riesgo de inundaciones y mejorar la capacidad hidráulica del cauce, presentan inconsistencias en su ejecución física, uso de maquinaria y hasta una posible adulteración de documentos.
El proyecto se originó para habilitar 3.78 kilómetros de caminos de acceso, retirar 75,520 metros cúbicos de sedimento del cauce del río y eliminar 11,520 metros cúbicos de material excedente. Sin embargo, los metrados ejecutados y reportados en documentos oficiales no coinciden con los compromisos contractuales. Lo que genera serias dudas sobre la veracidad de los informes presentados.
Uno de los principales hallazgos está relacionado con la falta de información sobre el botadero 01, donde supuestamente se depositó el material extraído del afluente. Los términos de referencia exigían la presentación de planos con el detalle de ubicación y volumen del material depositado. Pero esta documentación nunca fue proporcionada, impidiendo verificar el destino final de los residuos.
Indicios de falsificación
Otro aspecto alarmante son las inconsistencias en las firmas contenidas en documentos clave del proyecto. Tales como el acta de inicio del proyecto, el cuaderno de obra y el acta de recepción. Un juez de paz constató irregularidades en las rúbricas de los ingenieros Luis Palomino Flores, director técnico; y Marco Antonio Quispe Apaza, supervisor de obra. Esto sugiere que ambos profesionales no estuvieron presentes en el lugar de los trabajos.
El consorcio JFR Ingenieros, responsable de la ejecución del proyecto, está conformado por las empresas Constructora y Consultora Rex Regum E.I.R.L. y San José Ingenieros. No obstante, la empresa Rex Regum cuenta con antecedentes de contrataciones con el GRA y la Municipalidad Distrital de Choco por los mismos trabajos.
En cuanto al equipamiento mínimo requerido para la ejecución del proyecto, se identificaron discrepancias entre las especificaciones técnicas y la maquinaria realmente utilizada por la contratista. El informe revela que algunos de los equipos empleados no cumplían con las características exigidas. Esto podría haber afectado la calidad de los trabajos.
Estas inconsistencias, sumadas a la posible falta de supervisión efectiva, abren la puerta a la presunción de delitos como colusión, falsificación de documentos y omisión de funciones. La normativa penal contempla sanciones para quienes incurran en concertación indebida entre funcionarios públicos y contratistas, así como para aquellos que omiten cumplir sus deberes de control.
Servicios sobrevalorados
El informe también apunta a una posible sobrevaloración de S/ 78,400 en el proyecto de descolmatación del río Challa. Y es que la contratista habría inflado los costos de movilización y desmovilización de maquinaria pesada, según el análisis de la documentación y la verificación en campo.
La contratista reportó la movilización de seis equipos, pero solo se encontraron cuatro en la zona de trabajo. Además, dos de las máquinas reportadas (tractor de oruga y retroexcavadora) no estaban incluidas en los términos de referencia del proyecto. Se verificó que solo se utilizaron un tractor de oruga D8 y una excavadora, con el apoyo ocasional de un volquete y una retroexcavadora de otra obra.
La sobrevaloración se concentra en las partidas de movilización y desmovilización de maquinaria pesada con cama baja y maquinaria autotransportada. Según el informe, solo se movilizaron dos maquinarias, por lo que se debieron registrar cuatro viajes en lugar de ocho. Esta inconsistencia generó un incremento injustificado en los costos del proyecto.
