El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial la suspensión por 18 meses del actual Comandante General de la Policía Nacional del Perú (PNP) Víctor Zanabria Angulo. La medida responde a la investigación en curso por su presunta participación en delitos de corrupción relacionados con el uso indebido de policías para labores de albañilería en plena pandemia. Un caso conocido como “policías albañiles”. La jueza Janet Lastra deberá definir en los próximos días la fecha de audiencia para resolver esta solicitud.
Policías albañiles
El caso se remonta al 2020, cuando Zanabria era jefe de la Región Policial Arequipa. Según la investigación, habría permitido que 15 efectivos policiales que realizaban patrullaje a pie fueran desviados de sus funciones para trabajar como obreros en obras civiles dentro del complejo policial de la IX MACREPOL. Junto a él, están implicados otros altos funcionarios de la institución, entre ellos el actual prefecto regional de Arequipa, Francis Alarcón Gallegos.
Uno de los testigos clave es Claver Colquehuanca Quispe, obrero que fue contratado por 4,700 soles. Esto para ejecutar mejoras en el cenotafio y patio de armas de la unidad policial. Él declaró que se le ofreció apoyo con mano de obra policial, y que, pese a que la obra estaba casi terminada, se lanzó un proceso formal de contratación semanas después. Para ello, se le ayudó a regularizar su RUC, cuenta bancaria y RNP, necesarios para simular una contratación estatal.
El contrato se adjudicó finalmente por S/ 17,600, monto que Colquehuanca cobró el 6 de noviembre de 2020. Sin embargo, según su testimonio, fue presionado para devolver el dinero —menos los 200 soles adeudados— a manos de uno de los investigados, Rolando Rodríguez. La devolución se realizó por vía notarial, hecho que la fiscalía considera como una maniobra para encubrir un posible desvío de fondos públicos.
Dinero de mineras
Otro elemento clave es una donación no registrada. Durante el mismo periodo, Zanabria solicitó un donativo de S/ 17,600 a la minera La Soledad SAC. El dinero fue entregado a Francis Alarcón, bajo órdenes del propio Zanabria, sin que exista constancia oficial de su recepción o destino. Para la fiscalía, esto constituiría un caso de peculado doloso, ya que los fondos no fueron informados ni administrados conforme a los procedimientos establecidos.
En lugar de oficializar la aceptación del donativo mediante resolución directoral, como exige la ley, Zanabria habría omitido todo registro. El Ministerio Público sostiene que se habría apropiado del dinero o permitido su uso sin supervisión, lo que agrava su situación judicial. Además, los investigadores encontraron evidencias de coordinación entre varios funcionarios para encubrir estas acciones.
La acusación fiscal formal contra Zanabria y sus coimputados sería presentada antes del 25 de julio, fecha en la que culmina el plazo de investigación preliminar. La jueza Janet Lastra deberá evaluar no solo la suspensión solicitada, sino también el caudal probatorio que vincula a los implicados en una posible red de desvío y uso indebido de recursos policiales y fondos no registrados.
