La justicia ordenó prisión preventiva para tres ciudadanos extranjeros investigados por extorsionar a una comerciante en Arequipa. Según las indagaciones, los implicados serían parte de la banda criminal “Martillo Negro” y habrían inducido a su víctima a tomar un préstamo con intereses abusivos, desencadenando amenazas constantes a ella y su familia. La jueza del Cuarto Juzgado de Flagrancia de la Corte de Arequipa halló elementos suficientes para dictar nueve meses de prisión preventiva.
La captura de Cristian Gómez (25), Alex Villota (37) y Nohemi Olivares (36) se produjo tras una operación conjunta de la Policía Nacional del Perú. Agentes de la Sección Motorizada Halcones y de la Unidad de Emergencias interceptaron a los sospechosos en un operativo de flagrancia, luego de que una comerciante denunciara recibir mensajes amenazantes. La víctima entregó su teléfono a las autoridades, lo que permitió rastrear las comunicaciones y concretar la intervención.
De acuerdo con la investigación fiscal, los tres extranjeros serían integrantes de la organización delictiva “Martillo Negro”, dedicada a ofrecer préstamos informales con el anzuelo del “dinero fácil”. Una vez entregado el dinero, exigían pagos con intereses desproporcionados y, al no cumplirse, iniciaban una campaña de extorsión mediante aplicaciones como WhatsApp. Las amenazas no solo recaían sobre la víctima directa, sino también sobre su entorno familiar.
Durante la audiencia, la jueza evaluó que existían graves y fundados elementos de convicción que vinculaban a los detenidos con el delito de extorsión agravada. Asimismo, advirtió un claro riesgo de fuga, al tratarse de personas sin arraigo documentado en el país. Por ello, ordenó su internamiento preventivo en el penal de Socabaya mientras duren las investigaciones y se define su situación jurídica.
El caso ha generado alarma entre comerciantes locales, quienes reconocen haber recibido volantes o mensajes ofreciendo préstamos similares. Las autoridades exhortan a denunciar cualquier intento de extorsión y recuerdan que la extorsión puede conllevar penas superiores a los 15 años de prisión. Con esta intervención, se busca frenar el avance de mafias extranjeras que utilizan métodos digitales para intimidar y someter a víctimas vulnerables en la ciudad.
