Este jueves se desarrolló la audiencia judicial para evaluar la ampliación de la inhabilitación para ejercer cargos públicos contra el exalcalde de Yarabamba, Manuel Aco Linares. La fiscal Marita Cueva Ojeda pidió a la jueza Janet Lastra Ramírez mantenerlo inhabilitado por un plazo adicional de nueve meses.
La representante del Ministerio Público fundamentó el pedido argumentando que —aunque no hay riesgo de fuga ni de obstaculización al proceso— persiste la necesidad de impedir que Aco vuelva a la administración pública. Esto debido a que, pese a haber presentado su renuncia formal el 29 de febrero de 2024, el Jurado Nacional de Elecciones aún no ha emitido un pronunciamiento sobre su vacancia.
“El investigado ya no pretende retornar a la alcaldía. Sin embargo, las restricciones actuales caducan el 21 de julio, y sin una medida vigente podría generarse un vacío legal”, advirtió la fiscal durante la audiencia.
El abogado de Aco Linares, Jorge Valdivia Carnero indicó que su patrocinado no se opone a la solicitud fiscal y que incluso manifestó su intención de no acercarse a la municipalidad ni retomar el cargo. «Por un tema de desidia, no se ha dado trámite a la solicitud de renuncia de mi patrocinado», sostuvo el letrado durante la audiencia.
Cabe mencionar que el cargo de alcalde es irrenunciable, sin embargo, la solicitud presentada desde febrero de 2024, según su defensa, debe tomarse como una muestra de su intención de no volver a ser alcalde. Ello evidenciaba que no tenía intenciones de participar de las sesiones de concejo aspecto que cumplió. A pesar de ello, los regidores esperaron hasta mayo de 2025 para recién tramitar la vacancia ante el Jurado Nacional de Elecciones, por faltar a tres sesiones ordinarias del Concejo Municipal. Hasta el momento no hay respuesta por parte del órgano electoral.
Como se recuerda, según la tesis fiscal, Aco habría aceptado sobornos de empresas contratistas durante su gestión, hecho que él mismo estaría dispuesto a reconocer, allanándose al proceso de terminación anticipada que le fue denegado en primera instancia y está en etapa de apelación.
La jueza Janet Lastra culminó la audiencia para revisar la documentación fiscal respecto a la solicitud del Ministerio Público y emitir pronunciamiento en las próximas horas.
