En una maniobra que agita el escenario político, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso admitió una denuncia contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. El pedido, impulsado por Renovación Popular, busca inhabilitarla por presunta obstrucción en el caso “CNM Audios”. La votación, respaldada por diversas bancadas, ha generado una ola de críticas. Incluso la advertencia de la ONU por un posible atentado contra la independencia del Ministerio Público.
El Congreso ha iniciado una ofensiva directa contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. Esta semana, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe de calificación que declara procedente una denuncia constitucional presentada por la bancada de Renovación Popular. La acusación sostiene que Espinoza habría archivado irregularmente una investigación contra su colega Pablo Sánchez. Esto cuando aún no ejercía el cargo de fiscal de la Nación, lo que, según sus detractores, configura una obstrucción de justicia.
La denuncia también cuestiona que Espinoza no se haya inhibido en casos vinculados a Sánchez. Esto debido a que este participó en la votación que la eligió como fiscal de la Nación en octubre de 2024. La aprobación del informe fue liderada por María Acuña, presidenta de la subcomisión. Además, recibió el respaldo de congresistas de distintas bancadas como Fuerza Popular, Perú Libre, Acción Popular, Podemos Perú, entre otros. La propuesta ahora deberá ser votada por la Comisión Permanente antes de volver a la subcomisión para su investigación de fondo.
Las reacciones no se hicieron esperar. Margaret Satterthwaite, relatora de la ONU sobre independencia judicial, expresó su “profunda preocupación” por lo que considera una arremetida del Congreso contra la autonomía del Ministerio Público. En un pronunciamiento contundente, advirtió que estas acciones podrían vulnerar principios esenciales como la estabilidad en el cargo y la protección frente a interferencias políticas. “La destitución de las más altas autoridades fiscales podría poner en grave riesgo la independencia institucional”, afirmó.
No es el único frente abierto contra Espinoza. Renovación Popular también impulsa otra denuncia, esta vez junto a sus colegas Villena, Ávalos y Sánchez, por haber rechazado la restitución de Patricia Benavides. En ambos casos, el objetivo es claro: inhabilitar a los fiscales supremos y forzar una reorganización de la Fiscalía. Analistas y observadores internacionales lo ven como una represalia legislativa que busca cooptar una institución clave del sistema judicial peruano.
