Un exmilitar chileno, vinculado al ejército de su país, logró operar un taller aeronáutico dentro del Ala Aérea N.º 2 de la FAP. Esto con autorización de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). La situación ya es investigada por la Fiscalía Anticorrupción y ha activado una alerta de seguridad en la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).
La empresa Puma Air, liderada por Walton Humberto Mery Pinto, exmilitar chileno con vínculos declarados con el ejército de su país, arrendó 271 metros cuadrados dentro de una base estratégica de la Fuerza Aérea del Perú. El MTC, a través de la DGAC, le otorgó permisos para operar aeronaves y brindar servicios en zonas sensibles del sistema energético nacional.
La DINI evalúa si las actividades de la empresa representan una posible infiltración extranjera. Dado que Puma Air también mantiene vínculos contractuales con firmas que operan en sectores críticos como el gas y la electricidad. Aunque Mery Pinto no aparece en los registros oficiales de accionistas, su rol operativo ha sido clave para las gestiones de la firma.
Desde agosto de 2024, el caso está bajo investigación fiscal por presunto tráfico de influencias. La Fiscalía sospecha que se habrían obtenido permisos y contratos a través de intervenciones informales del exmilitar. Lo que comprometería los intereses del Estado y la soberanía en temas de defensa y energía.
Aunque la empresa cumple —en apariencia— con el límite legal de capital extranjero (66,54%), la normativa nacional prohíbe superar el 70% de inversión foránea en aerolíneas. Las dudas persisten sobre la transparencia del proceso y el impacto estratégico de permitir que un exoficial extranjero opere dentro de una instalación militar peruana.
