Manuel Aco Linares, exalcalde de Yarabamba y confeso de actos de corrupción, podría quedar en libertad plena si el Poder Judicial no amplía las restricciones vigentes. Sin arraigo laboral, familiar ni garantías de permanencia, su fuga del país o contacto con testigos protegidos no estaría legalmente impedido. La omisión judicial podría marcar un grave retroceso en la lucha anticorrupción.
Las medidas restrictivas dictadas contra Manuel Aco Linares, exalcalde de Yarabamba, están próximas a vencer, lo que generaría un escenario crítico para el sistema de justicia. Si no se renuevan a tiempo, la exautoridad, que admitió haber cometido actos de corrupción, quedaría sin ningún impedimento legal para abandonar la región, el país o incluso acercarse a los testigos protegidos.
Una de las principales alertas es que Aco no cuenta con arraigo laboral. No registra contrato de trabajo ni vínculo con entidad pública o privada alguna. Tampoco tiene ingresos declarados ni actividad económica que justifique sus medios de vida. Esta falta de sustento económico plantea dudas sobre cómo financia su subsistencia, lo que refuerza el riesgo de fuga.
En cuanto al arraigo domiciliario y familiar, la única dirección registrada carece de garantías reales de residencia efectiva. Sus dos hijos son mayores de edad, independientes y no viven con él, por lo que no existen vínculos familiares sólidos que aseguren su permanencia en la región. En este contexto, no hay elementos que frenen una posible huida.
De no actuar con firmeza, el Poder Judicial no solo pondría en peligro el proceso penal abierto contra Aco, sino que podría habilitar incluso su regreso a la alcaldía, al no haber impedimento legal vigente. Testigos protegidos ya denunciaron amenazas, lo que eleva el nivel de alerta. La inacción sería un retroceso grave en la lucha contra la corrupción en Arequipa.
