El distrito costero de Chala, en la provincia de Caravelí (Arequipa), fue escenario de violentos enfrentamientos entre mineros informales y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP). Esto ocurrió durante un operativo destinado a desbloquear la carretera Panamericana Sur, cerrada por más de diez días. La operación terminó con un civil fallecido, al menos 25 heridos y la declaración de una tregua temporal por parte de los manifestantes.
La víctima fue identificada como Alex Checca Montalvo, taxista y poblador de Chala. Según información preliminar, habría recibido el impacto de una bala en el pecho. Las circunstancias exactas están aún bajo investigación. Aunque fue trasladado por vecinos al centro de salud de Chala, llegó al establecimiento sin signos vitales. El fallecimiento generó indignación entre los mineros y encendió aún más el clima de tensión que se vive en la zona desde el inicio de las protestas.
Orden de abrir vías
Los enfrentamientos ocurrieron en los accesos norte y sur de Chala, puntos estratégicos donde cientos de mineros artesanales instalaron bloqueos desde inicios de julio, paralizando el tránsito de vehículos, incluidos buses interprovinciales, camiones de carga y autos particulares.
El operativo de desbloqueo fue ejecutado por un amplio contingente de agentes de la PNP, que utilizaron gases lacrimógenos y escopetas antidisturbios. Los manifestantes respondieron con piedras y otros objetos contundentes, lo que generó choques de alta violencia.
Producto de los enfrentamientos, al menos 25 personas resultaron heridas, entre ellas un efectivo policial que se encuentra en estado grave, según reportes preliminares. Además, se reportó que seis niños resultaron afectados por la inhalación de gases lacrimógenos. La información la brindó el gerente de Salud, Walther Oporto Pérez, a un medio radial de alcance local.
Tregua temporal
La muerte del taxista generó una reacción inmediata de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), cuyo presidente, Máximo Franco Bequer, anunció una tregua de 24 horas en las protestas a nivel nacional. Esto fue acatado en Ocoña, donde los manifestantes retiraron el bloqueo. Y lo mismo pasó en El Alto en El Pedregal.
A través de un video publicado en redes sociales, el dirigente —quien también milita en el partido político Renovación Popular— pidió a sus compañeros de lucha “preservar la vida y la salud”. Y anunció la instalación de una mesa de diálogo con representantes del Gobierno, gracias a gestiones con la Defensoría del Pueblo.
“Solicitamos a los mineros que vienen marchando, a poner su vida a buen recaudo, para preservar la salud. Hemos decidido dar 24 horas de tregua para que de esa manera podamos solucionar este tema en la mesa”, señaló el dirigente en el video. En este parece junto al congresista Alex Paredes, representante por Arequipa del Bloque Magisterial y exmiembro de Perú Libre.
La demanda central de los manifestantes es precisamente la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Mecanismo que permite a los mineros artesanales e informales avanzar en un proceso de formalización. El Gobierno, sin embargo, fijó como fecha límite el 31 de diciembre de 2025 para culminar dicho procedimiento.
El Gobierno no retrocede
El ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, afirmó desde Arequipa que el Gobierno no retrocederá en la aplicación de medidas frente a las protestas de mineros informales que mantienen bloqueada la carretera Panamericana Sur. El pronunciamiento se dio en el marco del cierre del X Congreso Internacional de la Lengua Española, realizado en la Ciudad Blanca.
El canciller señaló que el Ejecutivo impondrá el principio de autoridad frente a los actos ilegales como el bloqueo de vías. El mismo que llevaba doce días afectando a miles de ciudadanos en la región sur del país. “No se va a vulnerar los derechos humanos de nadie, pero sí se va a imponer el principio de autoridad porque no es posible que un acto ilegal persista impunemente”, enfatizó Schialer.
Respecto al fallecimiento de un ciudadano reportado desde Chala durante los enfrentamientos entre manifestantes y la Policía Nacional del Perú (PNP), el ministro instó a la población a esperar la información oficial antes de extraer conclusiones. Según medios locales, se trataría de un varón que se encontraba en la zona del conflicto.
Schialer también cuestionó la falta de disposición al diálogo por parte de algunos grupos involucrados en la protesta. “Persiste una cantidad de personas que no les interesa dialogar, que no les interesa que estén afectando los derechos de otros peruanos”, declaró. Las declaraciones reflejan la postura firme del Ejecutivo ante una protesta que, según el Gobierno, excede los límites de la legalidad.
Mientras tanto, en Arequipa y otras regiones del sur, los efectos del bloqueo ya se sienten con fuerza: desabastecimiento de gas doméstico, alimentos en descomposición por los camiones varados, y pérdidas económicas significativas para productores y comerciantes. El conflicto continúa sin una solución inmediata a la vista.
MP investiga deceso
Tras el fallecimiento del taxista producto de los enfrentamientos en Chala, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Caravelí inició una investigación preliminar. Un equipo fiscal encabezado por el fiscal provincial Marcos Camacho Correa, junto a los fiscales adjuntos provinciales Yolanda Martínez Ríos y Wilfredo Sánchez Vera, se trasladó al lugar de los hechos para llevar a cabo diligencias urgentes.
En el operativo también se reportó la detención de ocho personas, cuya situación legal está siendo evaluada. Las acciones dispuestas incluyen la realización de la necropsia al fallecido con el fin de esclarecer la causa de su muerte. Así como la toma de declaraciones a testigos presenciales del incidente. Además, se procederá con la revisión de las actas de intervención de los detenidos para determinar si corresponde iniciar una investigación por el presunto delito de entorpecimiento del transporte público.
El Ministerio Público reiteró su llamado a la ciudadanía para evitar todo tipo de enfrentamiento que ponga en riesgo la paz social, la integridad de las personas, la propiedad pública y privada, así como el normal desarrollo del transporte en la región.
