La situación en la carretera Panamericana Sur continúa siendo crítica debido a los bloqueos sostenidos por miles de mineros informales y artesanales que protestan en diversos puntos del departamento de Arequipa. Aunque la Policía intervino en algunos tramos —como en el kilómetro 447 en Nasca (Ica)—, los piquetes persisten en tres sectores clave: Alto Siguas, Ocoña y Chala.
La Dirección Nacional de Operaciones Especiales (DINOES), por órdenes de la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú, desplegó un operativo masivo que incluyó a más de mil 500 agentes, entre ellos 300 efectivos de esta unidad de élite. El objetivo es recuperar el control de las vías bloqueadas y garantizar el libre tránsito.
Al cierre de la presente edición, el contingente se trasladaba por carretera hacia Arequipa, con el fin de realizar un retiro progresivo de los manifestantes. Frente a esta decisión policial, la tensión aumentó especialmente en la zona de Chala, donde los mineros levantaron barricadas ante el avance de las fuerzas del orden. Su intención es evitar el despeje de las vías y persistir en la protesta.
No retroceden
Los mineros artesanales e informales se preparan para resistir cualquier intento de desalojo, lo que genera una creciente preocupación ante el riesgo latente de enfrentamientos. En respuesta a la ofensiva de la PNP, reiteraron su advertencia de no dar tregua al gobierno de la presidenta Dina Boluarte, mientras no se atiendan sus demandas.
Entre sus principales exigencias figuran la aprobación de la controvertida Ley MAPE (Minería Artesanal y de Pequeña Escala) y la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Ambos puntos han generado un amplio debate político y social, sobre todo en el Congreso de la República. El principal problema tiene que ver con la exclusión de más de 50 mil mineros del proceso de formalización.
El tenso panorama, que ya ha cobrado víctimas mortales (un chofer muerto tras caer a un barranco en medio del bloqueo), obligó al prefecto regional de Arequipa, Francis Alarcón Gallegos, a pronunciarse como vocero del Ejecutivo. El funcionario solicitó al Ministerio Público la formalización de denuncias penales contra los promotores de los bloqueos, argumentando que interrumpir el tránsito vehicular en una vía nacional constituye un delito.
Asimismo, precisó que en Chala se encuentran entre 6 mil y 8 mil mineros; en Ocoña, entre 4 mil y 6 mil; y en Alto Siguas, alrededor de mil manifestantes. Esta alta concentración de personas incrementa el riesgo de enfrentamientos en caso de intervenciones policiales.
Más pérdidas
Las repercusiones económicas ya se sienten también en el ámbito turístico. Jorge Valderrama Salinas, expresidente de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Arequipa (AVIT), estimó que el sector ha perdido aproximadamente S/ 5 millones debido a la paralización de las rutas.
Según Valderrama, esta pérdida se debe principalmente al estancamiento de miles de pasajeros en los buses, la cancelación de servicios turísticos y el cierre temporal de negocios como restaurantes, hoteles y operadores de actividades recreativas. Se estima que cerca de mil pequeños negocios se han visto afectados.
Además, denunció que las aerolíneas incrementaron los precios de los pasajes hacia Lima, alcanzando montos que superan los 300 dólares ida y vuelta, aprovechando que el transporte terrestre está prácticamente paralizado.
“Los boletos están caros, no hay espacios y los pocos que hay tienen tarifas altísimas, no programadas por el público usuario. El cuadro estadístico para las aerolíneas es altísimo. Como no hay carreteras, la única forma de llegar a Lima y otras regiones del norte es por aire”, manifestó.
En el sector agropecuario también se reportan consecuencias graves. En el kilómetro 780, a la altura del puente Ocoña, un ganadero se vio obligado a sacrificar dos toros debido a su estado crítico por deshidratación y agotamiento. La carne fue vendida a un precio reducido de S/ 10 el kilo. Aunque los animales fueron trasladados a un terreno baldío cercano a un lavadero de autos, el esfuerzo fue inútil ante la falta de alimento y agua.
La escasez de gas licuado de petróleo (GLP) también es notoria. En grifos como el de Gamarra, ubicado en la Vía de Evitamiento, el combustible se agotó por completo. En otros puntos de la ciudad, el precio del galón subió de los habituales S/ 6 o S/ 7 a cifras que oscilan entre S/ 10 y S/ 12.
Repercusión para escolares
El impacto en el sistema educativo tampoco tardó en evidenciarse. Ocho instituciones educativas públicas de las provincias de Camaná y Caravelí suspendieron sus actividades presenciales debido a la imposibilidad de traslado de alumnos y profesores por la interrupción de las carreteras.
En el distrito de Ocoña, al menos 800 escolares de los colegios José María Morante, CPED Pumacoto, Luz Angélica Gamero Dongo y el anexo La Planchada pasaron a la modalidad virtual. En Mariano Nicolás Valcárcel, más de mil 200 estudiantes se acogieron a la misma medida.
En la provincia de Caravelí, los colegios Hortencia Pardo Mancebo y José Olaya también adoptaron la educación remota hasta este viernes, afectando a más de 1,000 alumnos. Varios docentes quedaron varados desde el martes, al no poder retornar a Arequipa tras el feriado del Día del Maestro. Mientras la incertidumbre se apodera de amplios sectores de la población, aún no hay confirmación oficial sobre una eventual instalación de una mesa de diálogo.
Gobernador minimiza protestas
A más de diez días del inicio del paro, el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, restó gravedad a la situación. “Hay pases todavía, no hay por qué alarmarse”, declaró la autoridad regional, pese al desabastecimiento de productos esenciales como el GLP y la pérdida de alimentos perecibles por los vehículos varados.
Sus declaraciones contrastan con la creciente preocupación de comerciantes, transportistas, productores y pobladores, quienes ya enfrentan dificultades económicas por la escasez de productos y el alza de precios en varios rubros. Aunque el gobernador instó al Ejecutivo a instalar una mesa de trabajo para atender la problemática minera, su negativa a activar un plan de contingencia revela una falta de previsión ante un conflicto anunciado con antelación.
El gobernador también cuestionó la inacción de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que aún no instala una mesa multisectorial para abordar la formalización de la minería artesanal, a pesar de que esta fue solicitada hace más de un mes. No obstante, desde el gobierno regional tampoco se ha planteado una estrategia concreta para hacer frente a la crisis.
Mientras tanto, la incertidumbre se profundiza entre miles de familias arequipeñas que ven afectada su vida diaria por la interrupción del transporte, el aumento de los costos y la ausencia de medidas efectivas. La crisis continúa sin una solución a la vista, y la pasividad de las autoridades solo parece agudizar el malestar social en la región.
