La promotora del colegio privado Lord Byron School, Lidia Medina Lazo, tendrá que rendir cuentas a la justicia por no reportar a tiempo el caso de violación sexual que involucra a un docente de su institución. Sucede que el Ministerio Público abrió una investigación penal en su contra por el presunto delito de omisión de funciones. Su condición actual como investigada denota que pudo existir negligencia de su parte.
Fiscalía investiga
La fiscal provincial Giovanna Rosas Ramos, titular de la Fiscalía Especializada en casos de Violencia de Hunter, tomó la decisión de enviar copias del expediente a la Fiscalía Penal Corporativa de Arequipa para la investigación de la mencionada. La acusación se fundamenta en la falta de comunicación oportuna de la agresión sexual a las autoridades educativas.
Según la Fiscalía, la promotora incumplió con su obligación de reportar lo ocurrido al Sistema de Información y Seguimiento de la Violencia Escolar (SISEVE) de la Ugel Norte dentro de las 24 horas después de tener conocimiento de los hechos. Esta omisión, de confirmarse, representa una desatención en la protección de la menor y en el cumplimiento de los protocolos establecidos para casos de violencia.
Se detalla, además, que el hecho de no comunicar de manera inmediata este tipo de incidentes no solo obstaculiza la acción de la justicia, sino que también perpetúa un ambiente de vulnerabilidad para las víctimas. Más aún cuando se trata de una comunidad estudiantil que estuvo bajo la protección de la institución que representa.
Acusado por violación y falsificación
Adicionalmente, la Fiscalía solicitó que se investigue al denunciado y a los que resulten responsables por un hecho grave ocurrido durante la audiencia de prisión preventiva en primera instancia. En dicha ocasión, el imputado Raúl Jhon Lozano Bedoya, a través de su abogado, presentó un contrato de trabajo presuntamente falso, en el que se afirmaba que laboraba en la ciudad de Cusco. Este acto podría acarrear cargos adicionales por uso de documento falsificado, lo que agravaría aún más su situación legal.
Para ambos casos, la decisión se conoció en un reciente fallo judicial tras la apelación del acusado. El Ministerio Público en Arequipa logró la ratificación de 15 meses de prisión preventiva para el docente por los presuntos delitos de violación sexual. Esto en agravio de una menor de 13 años y proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales.
La decisión de revalidar la prisión preventiva fue defendida en audiencia por la fiscal superior María del Rosario Lozada Sotomayor, de la Fiscalía Superior Especializada en Casos de Violencia Contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Arequipa. La letrada desestimó la apelación del docente, presentando pruebas que demuestran que este tenía pleno conocimiento de la edad de la víctima.
Cadena perpetua
Las relaciones sexuales entre el victimario y su víctima, según el certificado médico legal y las declaraciones recabadas, ocurrieron durante un extenso período, desde junio de 2024 hasta abril de 2025. La gravedad de los hechos es tal que la pena potencial para el docente podría ser la cadena perpetua, dadas las circunstancias y la edad de la menor.
La investigación aún se encuentra en curso con diligencias cruciales pendientes. Incluyendo una pericia psicosexual al imputado y una pericia biométrica, que son esenciales para esclarecer completamente el caso y recopilar todas las pruebas necesarias. Con la ratificación de la prisión preventiva, se emitieron las órdenes de captura correspondientes para el investigado. Este deberá ser ubicado y trasladado a un establecimiento penitenciario. Aunque todavía se encuentra prófugo de la justicia.
A nivel administrativo, la comisión especial de la Gerencia Regional de Educación de Arequipa (GREA) se encuentra en la etapa final de las indagaciones por los mismos motivos. Estas pesquisas revelan que la institución, que antes gozaba de un gran prestigio, ahora está venida a menos.
