El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 22 empresas por actuar como fachadas en un sistema bancario paralelo que facilitaba la venta ilegal de petróleo iraní. Estas compañías estarían canalizando cientos de millones de dólares hacia la Fuerza Quds, rama de inteligencia de la Guardia Revolucionaria Islámica, organización catalogada como terrorista por Washington.
Las empresas sancionadas tienen sede en Hong Kong, Emiratos Árabes Unidos y Turquía, y han sido señaladas por operar cuentas extranjeras para transferir ganancias del crudo iraní eludiendo las sanciones internacionales. Según el Tesoro estadounidense, este mecanismo ha permitido a Irán sostener sus programas de misiles balísticos y energía nuclear, además de financiar a grupos aliados en Medio Oriente.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que el régimen iraní “depende en gran medida de esta red clandestina para sostener actividades que amenazan a Estados Unidos y a sus aliados”. Añadió que desmantelar esta infraestructura financiera es una prioridad, en línea con la estrategia de “máxima presión” que busca debilitar la capacidad militar y económica de Irán.
Las sanciones suponen la congelación inmediata de bienes y activos de las empresas señaladas que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense. Además, las personas y entidades estadounidenses tienen prohibido participar en cualquier transacción con dichas empresas, salvo autorizaciones especiales emitidas por la Oficina de Control de Activos Financieros (OFAC).
Este anuncio coincide con la posibilidad de nuevas conversaciones diplomáticas entre EE. UU. e Irán, que podrían celebrarse en Oslo. El presidente Donald Trump indicó que el gobierno iraní “quiere hablar” tras los recientes ataques militares estadounidenses a instalaciones nucleares. Las negociaciones, interrumpidas desde junio, se centran en el alcance del programa nuclear iraní, que Teherán insiste en que es de carácter pacífico.
