El Congreso de la República ha dado un paso más hacia la inhabilitación política de Pedro Castillo, expresidente destituido en 2022. La Comisión Permanente otorgó un plazo de 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Esto para que elabore los informes finales de dos denuncias constitucionales que podrían impedirle postular en las Elecciones Generales de 2026 y ocupar cualquier cargo público por hasta una década.
La primera denuncia contra Castillo lo acusa de modificar ilegalmente el estatuto de la Derrama Magisterial mediante el decreto supremo 009-2022-MINEDU, con el presunto objetivo de debilitar al sindicato SUTEP. Esta norma fue derogada posteriormente durante el actual gobierno de Dina Boluarte. La segunda denuncia se refiere al uso indebido del avión presidencial para transportar familiares, entre ellos Fray Vásquez Castillo, entonces prófugo de la justicia.
Ambas denuncias están enmarcadas en un proceso de juicio político, en el cual se evalúa si corresponde imponer una sanción política y no penal. Esto significa que el Congreso podría inhabilitar a Castillo para ejercer cargos públicos por hasta 10 años si así lo resuelve. Aunque los plazos suelen extenderse por inasistencia de los acusados o solicitudes de prórroga, este es el inicio formal del procedimiento.
Paralelamente, se tramita una tercera denuncia constitucional contra el exmandatario por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. La Comisión Permanente ya ha concedido el mismo plazo de 15 días para que la subcomisión elabore el informe correspondiente. Aunque todavía no se designa al congresista delegado que se hará cargo del caso. Este proceso también podría derivar en inhabilitación.
Mientras el Congreso no emita una resolución oficial de inhabilitación, Castillo mantiene su derecho a postular en las elecciones generales de 2026. No obstante, solo podría hacerlo para una curul en el Senado o en la Cámara de Diputados, y no como parte de una fórmula presidencial. Según el congresista Víctor Cutipa, de la bancada Juntos por el Perú – Voces del Pueblo, un “frente político amplio” postulará a Castillo en respuesta al supuesto respaldo social que aún conserva.
