Javier Huaraya y Roberth Orihuela
Algunas universidades privadas operan bajo la denominación de «sin fines de lucro», lo que les otorga beneficios tributarios significativos, como la exoneración del pago de impuestos. Sin embargo, detrás de esta figura legal, estas instituciones muestran prácticas cuestionables en el manejo de sus recursos.
Es el caso de la Universidad Católica de Santa María (UCSM) que, pese a su condición, destina una parte considerable de su presupuesto al pago de exorbitantes bonificaciones a sus autoridades y algunos servidores en cargos directivos. Estos incentivos, que tuvieron un incremento sostenido desde su instauración hasta la actualidad, contrastan con el principio de austeridad y responsabilidad que debería regir a las entidades educativas sin fines de lucro.
Bonos de lujo
Actualmente, mediante la Resolución N.° 9151-CU-2025, aprobada el 13 de mayo de 2025, la UCSM estableció un nuevo esquema de bonificaciones a su personal directivo. Esta medida entró en vigencia el 1 de mayo del mismo año y fija los montos de incentivo con base en la Unidad Impositiva Tributaria (UIT). De esta manera, el rector Jorge Luis Cáceres Arce recibe una bonificación mensual de 5 UIT’s, equivalente a S/ 26,750 adicionales a su sueldo base, que es de alrededor de S/ 19 mil. Es decir, todos los meses gana más de S/ 45 mil.
Los vicerrectores, por su parte, perciben una bonificación de 3.5 UIT’s, lo que representa S/ 18,725 extras. Asimismo, los decanos y directores de la Escuela de Postgrado (EPG) reciben 2 UIT’s, es decir S/ 10,700. Este esquema también contempla pagos adicionales para otros cargos intermedios, tales como jefes de departamento, directores institucionales, y presidentes de órganos internos como el Tribunal de Honor o el Comité Electoral Universitario.
Estos últimos se benefician con un incentivo de 1 UIT, similar a S/ 5,350. Por su parte, los miembros del Comité Ejecutivo del Ceprobis (Centro de Producción de Bienes y Servicios) se embolsillan 0.8 UIT’s (S/ 4,280); mientras que directores de institutos, coordinadores académicos y otros responsables administrativos reciben bonificaciones que oscilan entre 0.5 y 0.25 UIT’s, es decir entre S/ 2,675 y S/ 1,337 respectivamente.
Difieren de otras casas
Esta nueva propuesta fue aprobada por el Consejo Universitario en su sesión del 23 de mayo de 2025. Reemplazando así al esquema de bonificaciones vigente hasta entonces. La nueva escala representa un incremento respecto a lo se destinaba en años anteriores y evidencia una tendencia progresiva al alza en estos beneficios para un grupo privilegiado.
Sin embargo, estas bonificaciones son cuestionables por considerarse desproporcionadas en comparación con lo que ocurre en otras universidades privadas de Arequipa. En la Universidad Católica San Pablo, por ejemplo, los incentivos adicionales son mucho más moderados: los docentes con maestría reciben solo un 8% extra respecto a su sueldo y los que poseen doctorado acceden a un 13%. Mientras que un profesor contratado a tiempo completo puede obtener un 14% adicional.
Por otro lado, en la Universidad La Salle no se otorgan bonificaciones de ningún tipo, sin importar el grado académico o el cargo del docente. Esta disparidad genera inquietudes sobre el manejo de los recursos en la UCSM, especialmente considerando que la institución goza del beneficio tributario de operar como una universidad “sin fines de lucro”.
Con tendencia al alza
En el año 2022, la Resolución N.° 8033-CU-2022 establecía que el rector recibía una bonificación de 4.5 UIT’s; mientras que los vicerrectores cobraban 3 UIT’s por este concepto. Decanos y directores de EPG recibían 1.5 UIT’s. La diferencia, aunque aparentemente gradual, se traduce en miles de soles adicionales año tras año.
Más notorio aún es el contraste con los esquemas anteriores. Sucede que en el año 2017, la Resolución N.° 6435-CU-2017 fijaba la bonificación del rector en 3 UIT’s, del vicerrector en 2 UIT’s, y de decanos y directores de EPG en 1 UIT. Cargos intermedios recibían bonificaciones incluso menores, con un rango desde 0.3 UIT’s hasta cifras inferiores.
Aún más atrás, en 2012, las bonificaciones no se calculaban en función de la UIT, sino como un porcentaje del haber básico de cada funcionario. Según la Resolución N.° 4784-CU-2012, el rector recibía un 45% adicional, el vicerrector un 40%, los decanos y directores de Escuelas de Postgrado un 35%, y otros funcionarios entre un 30% y un 25%.
Desde su creación mediante acuerdo del Consejo Universitario del 16 de julio de 1984, este sistema de bonificaciones evolucionó significativamente. Incrementando el desembolso que realiza la universidad para remunerar a sus directivos. Lo que comenzó como un reconocimiento complementario, se transformó en una carga considerable dentro del presupuesto institucional del que sacan provecho solo unos cuantos.
Justifican despilfarro
Este medio digital Revelación.pe solicitó información oficial a la universidad mediante una carta dirigida al área de Marketing e Imagen Institucional. En ella se plantearon preguntas sobre los fundamentos técnicos de los aumentos de estos incentivos, los responsables de su aprobación, el presupuesto anual destinado para este fin y su posible impacto en las pensiones estudiantiles.
La respuesta fue firmada por el coordinador de Imagen Institucional, Miguel Ángel Soriano Flores; y el director del área de Marketing e Imagen Institucional, Carlos Chacón López. En el documento escrito, indicaron que el pago de bonificación fue aprobado inicialmente en 1984 y desde entonces se actualiza «conforme a las necesidades sociales y laborales» de la institución.
Afirmaron, además, que estas bonificaciones son transitorias y sólo se otorgan mientras el funcionario esté en el cargo correspondiente. Como era de esperarse, justificaron los pagos en las “responsabilidades, obligaciones y deberes” asumidos por el personal con funciones de dirección académica o administrativa.
Sin embargo, en su respuesta no detallaron el presupuesto exacto destinado anualmente a estas bonificaciones, ni ofrecieron datos sobre los estudios técnicos que respaldan estos incrementos. Tampoco aclararon cómo estos pagos podrían estar incidiendo en el aumento de las pensiones de cada estudiante santamariano.
En conclusión, señalaron que todas las decisiones administrativas, incluyendo las bonificaciones, se encuentran dentro del marco legal vigente y se realizan con base en los pactos de negociación colectiva firmados con los sindicatos de docentes y trabajadores administrativos. Esto porque la casa superior de estudios es fiscalizada por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) y que cumple con los estándares de calidad exigidos.
Defensa férrea
Por su parte, el director de Asuntos Legales de la Universidad Católica de Santa María (UCSM), César Pastor, justificó las elevadas bonificaciones otorgadas a los docentes con cargos directivos dentro de la institución. Según indicó, estos pagos adicionales responden al nivel de responsabilidad y carga horaria que asumen quienes ocupan puestos de gestión, como el rector, quien —afirmó— labora jornadas de hasta 16 horas diarias sin tomar vacaciones.
Además, explicó que la estructura salarial de la universidad contempla un pago por horas laboradas, y que las bonificaciones por el cargo son la única forma de retribuir el nivel de compromiso exigido a quienes lideran áreas académicas o administrativas. “Tiene que haber una diferencia entre el docente que únicamente dicta clases y aquel que tiene un cargo de gestión”, señaló.
Otro motivo para justificar estos incentivos obedecen a los proyectos ejecutados por la actual gestión rectoral de Cáceres Arce para sustentar estas asignaciones. Tales como la construcción de infraestructura deportiva en Sachaca, con una inversión superior a los 5 millones de soles; la implementación de una nueva torre universitaria, y la adquisición de buses eléctricos provenientes de China para brindar transporte gratuito a los estudiantes.
La principal preocupación gira en torno a la sostenibilidad de este esquema de incentivos, particularmente considerando que los fondos provienen de una institución educativa exonerada de impuestos y financiada, en gran parte, con el pago de pensiones por parte de los alumnos.
Desde este enfoque, resulta legítimo cuestionar si el uso de los recursos responde efectivamente a las necesidades académicas y formativas de los estudiantes. O si se está priorizando la retribución económica de la alta dirección universitaria por encima del bienestar general de la comunidad educativa.
