El consejero regional César Huamantuma anunció que en la próxima sesión del Consejo Regional de Arequipa presentará un pedido formal para conformar una comisión investigadora, encargada de auditar los expedientes de saldo de obra de los hospitales Maritza Campos y Camaná. Ambos documentos fueron supervisados por la misma consultora, que, según denunció el consejero, cobró por un trabajo plagado de errores graves.
“El expediente de saldo de obra de Maritza Campos nos ha costado casi 4 millones. No puede ser que haya sido la Contraloría y no el Gobierno Regional quienes detecten irregularidades tan escandalosas. Esto requiere una investigación exhaustiva”, afirmó Huamantuma.
El informe emitido por la Contraloría detectó observaciones técnicas que podrían poner en riesgo tanto la culminación como la viabilidad de los proyectos hospitalarios. Lejos de acercar la finalización de las obras, los documentos defectuosos aumentan los plazos y complican la obtención de financiamiento. “Si presentamos un expediente mal hecho, ¿con qué cifra vamos a gestionar recursos en Lima?”, cuestionó el consejero.
Según el consejero, las fallas se originaron desde la redacción de los términos de referencia y se prolongaron hasta la supervisión final. “Ni la empresa supervisora, contratada y pagada por el Gobierno Regional, advirtió estas deficiencias. Tampoco lo hizo la gerencia de Supervisión”, detalló Huamantuma, quien añadió que problemas similares se registran también en los expedientes del hospital de La Unión.
El consejero apuntó a una cadena de omisiones sistémica: “Los responsables incluyen a las áreas de Infraestructura, Supervisión, Logística y la Gerencia General del Gobierno Regional. Todas deberán rendir cuentas”. La comisión propuesta investigará desde la elaboración de los procesos de contratación hasta la recepción final del expediente, con la intención de identificar responsabilidades.
“El asunto trasciende el ámbito económico. Aquí está en juego el derecho a la salud de miles de arequipeños”, remarcó Huamantuma. La propuesta será sometida a votación en la sesión del consejo y pretende esclarecer por qué ninguna instancia técnica detectó las anomalías antes que la Contraloría.
