La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una alerta directa al gobierno peruano: no refrendar la ley que busca amnistiar a agentes estatales procesados por crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1980 y 2000. El proyecto fue aprobado en primera votación por el Congreso, pese a las advertencias nacionales e internacionales.
El pronunciamiento es específico. La CIDH recordó que el Perú está obligado por tratados internacionales y sentencias de la Corte IDH a garantizar justicia para las víctimas de desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales. La norma, según el organismo, vulnera compromisos asumidos por el Estado peruano.
Organismos como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) alertaron que la ley afectaría más de 600 procesos judiciales activos y pondría en riesgo 156 casos con sentencia firme. Muchos de estos implican a mandos militares y policiales por crímenes documentados en los casos Barrios Altos y La Cantuta.
El proyecto incluye una cláusula de “amnistía humanitaria” para sentenciados mayores de 70 años. No obstante, la Corte IDH ha precisado que solo se admite esta figura en casos extremos, y nunca cuando se compromete el acceso a justicia de las víctimas.
El presidente de la Comisión de Constitución, Fernando Rospigliosi, impulsa la iniciativa. Desde el Ejecutivo, la respuesta ha sido ambigua: el gobierno afirma que la ley aún no está vigente y que los jueces tienen el deber de controlar su constitucionalidad.
A pesar de eso, la CIDH reiteró su rechazo. Recordó que las amnistías no pueden ser usadas para encubrir crímenes graves. La advertencia ya está hecha. El Congreso y el Ejecutivo deberán decidir si optan por la impunidad o por el cumplimiento de sus obligaciones internacionales.
