El abogado de Patricia Benavides, Humberto Abanto, anunció que presentará una queja ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra el juez supremo provisional Segismundo León Velasco, quien suspendió a su patrocinada por 24 meses del cargo de fiscal de la Nación y fiscal suprema.

Según Abanto, la decisión del magistrado de suspender a Benavides por 24 meses es injustificada y dañina para su carrera. Alega que esa medida no tiene sustento porque, al momento de la suspensión, Benavides no ejercía ninguno de los cargos que el juez le está restringiendo: ni el de fiscal suprema ni el de fiscal de la Nación. Por eso, en opinión de la defensa, no tiene sentido jurídico que se le imponga una sanción sobre funciones que no estaba desempeñando.

La suspensión fue solicitada por Delia Espinoza, actual fiscal de la Nación designada por la Junta de Fiscales Supremos. León Velasco aceptó el pedido con el argumento de que el retorno de Benavides al cargo pondría en riesgo las investigaciones en curso, como las que se siguen por el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

El abogado Juan Peña, también defensor de Benavides, afirmó que la medida “desconoce el marco constitucional”, pues solo el Congreso podría inhabilitar a su patrocinada. Denunció además que el pedido de Espinoza fue tramitado con una celeridad inusual, mientras que los escritos de la defensa enfrentan dilaciones de meses.

La resolución del juez León también dejó sin efecto la decisión de la JNJ (Resolución 231-2025-JNJ), que había ordenado la restitución de Benavides y solicitó el uso de la fuerza pública para ejecutarla. Pese a la apelación, la suspensión continuará vigente mientras la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema evalúa el recurso.

El Ministerio del Interior confirmó que Benavides seguirá recibiendo resguardo policial hasta agosto por su condición de “personalidad evaluada con riesgo”. La defensa insiste en que no hay sustento legal para la suspensión.