A diez horas de distancia, desde los distritos más alejados de Castilla, decenas de comuneros llegaron a pie y en camiones para ocupar el centro de Arequipa. No hubo celebración por el Día del Campesino. En su lugar, pancartas, cánticos y una consigna: derogar la Ley N.º 32293.
La norma, aprobada en abril por el Congreso, habilita el deslinde y titulación de tierras comunales para formalizar posesiones informales entre 2004 y 2015. La ley no exige consulta previa ni consentimiento de las comunidades, lo que contradice el Convenio 169 de la OIT y el artículo 89 de la Constitución.
“Nos van a dejar en la calle sin avisarnos. Esta ley favorece a traficantes de terrenos y mineros ilegales”, denunció Leonel Chuquicondo, presidente del Frente de Defensa de Castilla. Alertó que comunidades como Llanca, Choco y Ucuchachas quedarían expuestas al despojo si la norma se aplica sin filtros.
Según un reporte de la Red Muqui, más de seis mil comunidades campesinas legalmente reconocidas podrían perder parte de sus territorios ante terceros que aleguen ocupación informal con fines de vivienda. La ley también excluye a pueblos originarios que no figuran en registros oficiales, debilitando su protección legal.
Carmen Vera, dirigente comunal, fue más tajante: “Nos están desapareciendo como pueblos. Esta no es una ley, es una sentencia de muerte para las comunidades”. Acusó a congresistas de legislar bajo presión de lobbies interesados en expandir minería informal en zonas comunales.
El 30 de mayo, las comunidades entregaron al Congreso una solicitud de derogatoria. No hubo respuesta. Ahora anuncian que viajarán a Lima para exigirla directamente. No es la primera vez que lo intentan, pero esta vez aseguran que no volverán con las manos vacías.
“Vamos a pelear por nuestra tierra. Sin tierra no hay vida”, concluyó Vera.
