Una enfermera del Seguro Social de Salud, identificada como Susy Angélica Sánchez Gonzales (52), fue detenida este martes en la urbanización Álvarez Thomas, en el Cercado de Arequipa, por presuntamente cobrar entre S/15 mil y S/60 mil a postulantes que buscaban acceder a plazas laborales en EsSalud. La intervención formó parte del operativo denominado “La Cicuta del Sur”, ejecutado por la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción.
Según la carpeta fiscal, Sánchez ofrecía puestos en hospitales de EsSalud amparada en supuestos contactos con altos funcionarios. Las primeras diligencias permitieron identificar al menos cinco víctimas que entregaron dinero a cambio de una plaza. El Ministerio Público le imputa el presunto delito de tráfico de influencias.
La intervención incluyó también el allanamiento de su vivienda en la urbanización La Perlita. Ambos puntos fueron registrados simultáneamente por agentes policiales y fiscales. El requerimiento judicial comprende, además, el levantamiento del secreto de las telecomunicaciones y documentos privados de la implicada.
De Juliaca a Arequipa
Sánchez Gonzales trabaja en EsSalud desde el año 2000 y fue transferida al hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo en 2018, tras desempeñarse en la ciudad de Juliaca. De acuerdo con la investigación preliminar, habría comenzado a cobrar cupos en mayo de 2023, aprovechando su posición dentro del sistema y su red de contactos.
Las pesquisas no descartan que esté vinculada al caso de noviembre de 2024, cuando EsSalud suspendió una convocatoria nacional para 100 especialistas médicos, luego de detectarse cobros ilegales de hasta 30 mil dólares por plazas en Arequipa. Ese caso no tuvo procesados hasta la fecha, pero generó un informe interno que advirtió sobre una posible organización detrás del direccionamiento de contrataciones.
Red en formación
Para Ministerio Público, Sánchez Gonzales no actuaba sola. Una de las líneas de investigación busca establecer vínculos funcionales con otros servidores públicos que podrían haber facilitado el direccionamiento de resultados en convocatorias CAS del Seguro Social.
Las víctimas identificadas habrían pagado montos diferenciados dependiendo de la especialidad solicitada. A cambio, recibían promesas de ingreso seguro a través de procesos públicos ya direccionados o supuestamente reservados.
El Ministerio Público ha solicitado medidas de coerción contra la detenida.
