Con nueve votos a favor y tres abstenciones, la Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó el informe final que recomienda evaluar la vacancia de la presidenta Dina Boluarte por incapacidad moral permanente. El documento será remitido a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y a la Fiscalía de la Nación, tras concluir que la mandataria se sometió a una intervención quirúrgica de carácter estético sin comunicarlo oficialmente ni activar el mecanismo de sucesión presidencial.
La investigación parlamentaria recogió las declaraciones del cirujano plástico Mario Cabani, quien confirmó haber practicado a la presidenta varios procedimientos estéticos, entre ellos rinoplastia, blefaroplastia y relleno facial con grasa autóloga. Según el informe, la operación se realizó entre el 28 y el 30 de junio de 2023 en la clínica Cabani, y la recuperación se extendió hasta el 4 de julio. Durante este periodo, Boluarte no registró actividades oficiales, salvo una breve participación virtual el 5 de julio.
Para la comisión, la ausencia no informada configura una infracción a los artículos 113, 114, 115 y 118 de la Constitución. El informe sostiene que hubo una “suspensión fáctica del ejercicio de la Presidencia”, que compromete la conducción del Estado y la atención a eventuales emergencias nacionales. Además, se advierte una posible omisión de funciones y falsedad ideológica, por lo que se recomendó remitir el caso al Ministerio Público.
El informe también recoge que la Presidencia no colaboró plenamente con la indagación. Se señala que hubo obstáculos al trabajo de fiscalización y presiones contra el personal médico, lo que agravaría la situación institucional. “El Congreso se encuentra en la obligación constitucional de valorar si dicha conducta compromete irreversiblemente la integridad moral de la presidenta”, se lee en las conclusiones.
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, precisó que no se trata de cuestionar el derecho de Boluarte a operarse, sino las consecuencias políticas y legales de no haber informado su ausencia. “Esto evidencia un abandono de cargo sin justificación constitucional”, sostuvo.
El informe recomienda además que el Pleno del Congreso otorgue a la Comisión de Fiscalización facultades permanentes de investigación para evitar nuevas obstrucciones y fortalecer la supervisión sobre la gestión pública. La decisión sobre la vacancia queda ahora en manos del Pleno.
