Delia Espinoza, fiscal de la Nación interina, solicitó al Poder Judicial que se suspenda por 36 meses a su antecesora, Patricia Benavides, investigada por interferir en los casos Cuellos Blancos del Puerto. La audiencia se programó para el 24 de junio y busca evitar que Benavides retome el control del Ministerio Público tras la polémica resolución de la JNJ que anuló su destitución.
El pedido de Espinoza fue ingresado el 11 de junio, pero solo fue atendido tras los intentos de Benavides de reincorporarse al cargo. En su requerimiento, la fiscal advierte un riesgo inminente: que Benavides obstaculice las investigaciones en su contra y utilice su poder institucional para influir sobre fiscales, nombrar aliados y garantizarse impunidad. La fiscalía sostiene que su retorno afectaría no solo el caso Cuellos Blancos, sino también la estabilidad del sistema judicial.
Según la acusación, Benavides habría usado su cargo para proteger a personajes como José Luis Castillo Alva y su esposa, filtrando información a través de fiscales nombrados a dedo. A cambio, Castillo habría gestionado declaraciones policiales a su favor ante la JNJ. Además, Benavides habría cesado a fiscales que investigaban a su entorno y recompensado a sus operadores con cargos clave y presuntas coimas de hasta 60 mil dólares, como en el caso de Villanueva y Girao.
Los cinco hechos que sustentan la medida incluyen actos de encubrimiento, filtración de información y presiones a fiscales, todo con el fin de sostener una red de protección. Entre ellos, la destitución de la fiscal Magaly Quiroz para evitar que se investigue a sus aliados y la presión sobre el fiscal Franklin Tomy, quien intentó indagar sobre los vínculos entre el fiscal Huamaní y César Hinostroza. Todos estos hechos, según Espinoza, responden a un patrón de abuso de poder.
El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria otorgó tres días hábiles a Benavides para responder al requerimiento. La audiencia será el 24 de junio a las 2:30 p. m., y podría marcar un punto de quiebre en la crisis institucional del Ministerio Público. Si se aprueba la suspensión, Benavides quedará fuera del cargo durante tres años mientras continúa la investigación preliminar por presuntos delitos de encubrimiento, colusión y tráfico de influencias.
