A partir de 2026, el Impuesto General a las Ventas (IGV) disminuirá de forma progresiva hasta llegar al 14% en 2029. Mientras que el Impuesto de Promoción Municipal (IPM) aumentará del 2% al 4%. La medida, promulgada por el Ejecutivo mediante la Ley N.º 32387, busca fortalecer la descentralización fiscal y aumentar los recursos para los municipios. Pero fue severamente criticada por organismos nacionales e internacionales debido a su impacto económico.
La norma contempla una reducción anual de 0,5% del IGV entre 2026 y 2029 y un alza paralela del IPM en beneficio del FONCOMUN. Los gobiernos locales solo accederán a estos fondos si cumplen con requisitos técnicos. Estos serán: tener aprobados dos de tres planes estratégicos (PDLC, PEI o POI), alineados con el Plan Nacional al 2050. El dinero deberá usarse exclusivamente para inversión pública, y los municipios que incumplan enfrentarán sanciones que incluyen la suspensión de sus alcaldes hasta por 120 días.
Aunque el Ministerio de Economía afirma que la medida no afectará el gasto corriente, especialistas advierten lo contrario. Luis Arias Minaya, exjefe de SUNAT, señala que el dinero es fungible y los municipios podrían usar los recursos adicionales para pagar sueldos u otras obligaciones. Según sus cálculos, el Estado perderá al menos S/2.500 millones por año, mientras el Ejecutivo transfiere el ajuste fiscal al próximo gobierno.
El proyecto también impone una moratoria de cinco años para la creación de nuevos municipios. Y redefine los criterios para distribuir el FONCOMUN, priorizando indicadores como pobreza y demografía. Además, introduce el enfoque de presupuesto por resultados en las asignaciones. Sin embargo, el MEF ya ha pedido elevar el techo de gasto, lo que, para Arias Minaya, es una señal clara de debilitamiento fiscal.
El impacto total de la reforma se reflejará en el Marco Macroeconómico Multianual 2026–2029, que se presentará en agosto. Si las proyecciones confirman el incumplimiento de las metas fiscales por tercer año consecutivo, se acentuaría el riesgo de perder el grado de inversión y de incrementar la desconfianza en el manejo económico del país.
