Con cinco votos a favor y cuatro en contra, el Concejo Distrital de Socabaya decidió archivar el pedido de vacancia contra el alcalde Roberto Muñoz Pinto, quien afronta una denuncia por presunto favorecimiento a la empresa Financiera IM Constructora EIRL, ligada a su entorno político.
La solicitud fue presentada por la regidora Magaly Agramonte Gutiérrez, quien sustentó su pedido con documentación que acredita que la empresa dirigida por Adeli Zeferina Jiménez Oviedo —militante de la campaña de Muñoz— obtuvo 33 contratos municipales por un total de S/2 787 783 desde 2023, siendo Socabaya su único cliente, según el portal de contrataciones del Estado (Seace).
La sesión del Concejo se realizó en privado y bajo resguardo policial. Los votos a favor del alcalde provinieron de Marcelino Muñoz Pila (su padre), Gloria Mamani Malpica, Edgar Arapa Quispe, Aracelly Manrique Fierro y Suly Failoc Linares de Manrique. En contra se pronunciaron Huanco Humpiri, Carlin Torres, Garrafa Guillén y la misma Agramonte.
Portátil
Mientras en el interior se definía el futuro del alcalde, en los exteriores de la municipalidad un grupo de trabajadores bajo contrato por locación de servicios, con pancartas, parlantes y hasta una banda de música, se movilizaban en respaldo de la autoridad edil. Varios de ellos evitaron dar declaraciones o mostrar su rostro. La atención al público fue suspendida sin previo aviso.
Vecinos denunciaron el cierre de oficinas como OMAPED, Vaso de Leche y Pensión 65. Una residente del distrito, señaló que se citó a su hermana con discapacidad a una atención programada, pero no fue recibida. “La trabajadora que la citó estaba afuera con megáfono apoyando al alcalde”, afirmó.
En las redes sociales un medio local denunció el uso de un vehículo de la municipalidad de Socabaya para trasladar a simpatizantes del alcalde, que estuvieron presentes en exteriores del municipio.
Muñoz responde
Consultado por la prensa, Muñoz Pinto dijo no tener responsabilidad sobre los actos de los trabajadores contratados. “No sé si son simpatizantes o no. Si hay pruebas, que hagan las denuncias”, indicó. También rechazó haber financiado movilizaciones y afirmó que su movimiento político tiene alcance regional.
Sobre los contratos adjudicados a IM Constructora, el alcalde deslindó funciones. “Yo me encargo de lo político. Si hay irregularidades, que se investiguen”, sostuvo. Añadió que todas las obras están bajo supervisión de la Contraloría General de la República.
Agramonte, por su parte, denunció haber sido víctima de represalias tras presentar la el pedido de vacancia. Indicó que apelará la decisión ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y reiteró que los hechos evidencian un conflicto de intereses y uso indebido del aparato municipal.
Por otro lado, en la sesión también se debatió la vacancia de los regidores Shan Dalton Anco Ramírez, Ericka Garrafa, María Carlin Torres, Juan Arapa y María Agramonte. Los regidores por unanimidad votaron para rechazar la propuesta. Sin embargo, el concejal Juan Arapa presentó una cuestión previa para que en 10 días se debata la vacancia de la regidora Agramonte, aspecto que fue aceptado por el concejo municipal.
