Fernando Olazabal Telles, presidente de la Junta de Usuarios Pampa de Majes (JUPM), lanzó una campaña para convencer a los agricultores sobre la necesidad de comprar un cargador frontal, alegando un gasto anual superior a los 200 mil soles en alquiler de maquinaria. Sin embargo, un informe técnico firmado por el propio jefe de Operación y Mantenimiento de la JUPM desmiente esta versión y revela cifras mucho menores, poniendo en entredicho las intenciones del directivo.
Gasto es menor
Según el Informe Técnico N.º 138–JUPM/O&M/CMCHQ, el gasto anual por alquiler de maquinaria amarilla, incluido el cargador frontal, no supera los 60 mil soles al año. El documento, elaborado por el ingeniero Carlos Choquepuma Quispe, evidencia que los costos reportados por Olazabal son exagerados. En lugar de limitarse a los vasos reguladores, el gasto también cubre limpieza de canales, pozas, diques, caminos y zonas de vigilancia. Lo cual desmantela el argumento de un desembolso exclusivo y excesivo.
Además, el mismo informe fue presentado por la JUPM al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) para solicitar la donación de maquinaria pesada. Una promesa que Olazabal hizo públicamente, pero que nunca se cumplió, y que el ministro Ángel Manero descartó en una declaración reciente. La maquinaria para juntas de usuarios, aclaró, no será entregada, lo que deja al dirigente sin respaldo oficial para su propuesta.
No es necesaria la máquina
El informe también expone que solo 4 de los 21 vasos reguladores necesitan el uso de un cargador frontal por su tamaño y acumulación de sedimentos. Los demás pueden ser atendidos con tractores y una retroexcavadora propiedad de la propia Junta. Incluso se advierte que varios vasos, con más de 40 años de antigüedad, podrían dañarse por el ingreso de maquinaria pesada.
A pesar de ello, el dirigente insiste públicamente en la compra del cargador, sin presentar un análisis de costo–beneficio que justifique la adquisición. No ha informado cuánto costará mantener operativa la máquina: combustible, operador, seguros, capacitaciones ni su uso limitado a solo tres meses al año. Esa falta de transparencia es una de las razones por las que sectores de agricultores —especialmente en las secciones A, B y C— rechazan la compra.
No limpian infraestructura
Los usuarios organizados han manifestado su desacuerdo mediante cartas y denuncias ante la Autoridad Nacional del Agua, acompañadas de videos y fotografías. Acusan a Olazabal de incumplir sus funciones básicas, como el mantenimiento urgente del Canal Madre, cuyo deterioro pone en riesgo el suministro de agua. También denuncian que el Consejo Directivo ha modificado el presupuesto sin consultar a la asamblea, lo cual contraviene la Ley N.° 31801.
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La situación se agrava con la revelación de que, pese a estar en junio, la JUPM no ha iniciado la limpieza de los vasos reguladores. En su video institucional, la directiva alega que están “acolmatados” en un 60%, pero no aclara por qué no se han ejecutado los trabajos programados. Esta omisión podría afectar la distribución de agua en plena campaña agrícola, mientras los agricultores continúan exigiendo transparencia y decisiones responsables.
