El Congreso se encamina hacia una nueva crisis política. El legislador Juan Burgos, titular de la Comisión de Fiscalización, anunció que impulsará una moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte. Esto luego de la difusión de una carta notarial del cirujano Mario Cabani, quien afirmó que la mandataria se sometió a múltiples procedimientos estéticos y no solo a una intervención funcional en la nariz, como ella había declarado. El documento, además, acusa a Boluarte de intimidación, difamación y falta de pago por los servicios médicos recibidos en su clínica.
“La redacción ya la tengo preparada”, afirmó Burgos al salir de la sesión de la Comisión de Fiscalización este miércoles 11 de junio. Señaló que buscará las firmas necesarias para oficializar la moción de vacancia. Considerando que la carta del doctor Cabani constituye, a su juicio, una prueba contundente de que la presidenta mintió públicamente. Además, habría incurrido en actos que comprometen su ética y legalidad en el ejercicio del poder.
La carta notarial, fechada el 9 de junio de 2025, precisa que la intervención realizada en junio de 2023 consistió en una cirugía “plástica múltiple y funcional con sedación”. La misma que incluyó rinoplastia, blefaroplastia, relleno facial y colocación de hilos tensores. Además, detalla que la atención postoperatoria se extendió hasta el domicilio de la presidenta en Surquillo. Cabani también denunció actos de intimidación por parte del entorno de Boluarte, incluyendo al abogado Juan Carlos Portugal y al ministro de Educación, Morgan Quero.
Uno de los puntos más delicados del documento es la acusación de que la mandataria no habría pagado inicialmente por los servicios médicos. La boleta emitida en julio de 2023 habría sido anulada, y el pago recién se concretó en abril de 2025, por un monto de US $ 4,500. Cabani adjuntó una copia de la boleta que acredita la transacción tardía. Y desmintió versiones sobre la emisión de recibos de honorarios, aclarando que su empresa solo trabaja con boletas y facturas.
El médico dio un plazo de 48 horas para que Boluarte se rectifique públicamente, bajo amenaza de iniciar una querella penal por difamación agravada y una demanda civil por daños y perjuicios. También informó que remitirá el documento a la Fiscalía de la Nación, al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria y al Congreso. La nueva arremetida contra la presidenta se suma a una serie de cuestionamientos por falta de transparencia, debilitando aún más su ya frágil legitimidad.
