En la Red Asistencial de Arequipa (EsSalud) también se sacan adelante procesos amañados. La entidad licitó un proyecto millonario de mantenimiento para el Hospital III Yanahuara a un consorcio que presentó documentos adulterados y, además, arrastra antecedentes de inhabilitación para contratar con el Estado. Aunque estas sanciones están registradas en los portales de transparencia, el comité de selección las pasó por alto.
Se trata del Consorcio H&J, integrado por las empresas Constructora Pimentel S.A.C. y Grupo Pimentel S.A.C., que, mediante el concurso público N.° 012-2024-ESSALUD/RAAR-1, se adjudicó el servicio de “Mantenimiento integral del área de comedor y la unidad de producción y control de calidad alimentaria del servicio de nutrición”, por un monto de 1 millón 950 mil soles, bajo la modalidad de suma alzada.
Indicios de falsificación
La sospecha de que el consorcio presentó documentos falsificados se sustenta en los certificados de trabajo emitidos a favor de Jorge Alberto Tejada Sara, jefe de grupo del proyecto, y Astrid Iris Ita Luna, ingeniera sanitaria. Ambos certificados fueron avalados por la empresa Maysepi E.I.R.L., que acumula al menos ocho sanciones, entre inhabilitaciones temporales y definitivas. A esto se suma que su gerente, Julio Eusebio Pimentel Barrios, también es socio de las dos empresas que conforman el consorcio ganador.
El 3 de abril de 2024, mediante el certificado N.° 010-MAY-2024, la gerencia de Maysepi E.I.R.L. otorgó a Jorge Alberto Tejada Sara una constancia por su desempeño como supervisor en el servicio de mantenimiento de edificaciones públicas y privadas en infraestructura hospitalaria, por el periodo del 13 de febrero de 2019 al 16 de marzo de 2024. Esto le permitió acreditar más de cinco años de experiencia profesional.
De igual modo, la misma empresa, dedicada al rubro de mantenimiento y servicios generales, emitió un certificado a favor de Astrid Iris Ita Luna por haber laborado como supervisora en instalaciones sanitarias públicas y privadas entre el 10 de marzo de 2021 y el 6 de abril de 2024, según consta en el certificado N.° 011-MAY-2022.
No obstante, ambas constancias corresponden a periodos posteriores al año 2021, cuando Maysepi E.I.R.L. fue sancionada por falsificación de documentos por el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE). En otras palabras, ya no tenía operatividad para ejecutar labores en instituciones públicas.
Modus operandi
De acuerdo con el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), a través del TCE, la primera inhabilitación de Maysepi E.I.R.L. se registró el 29 de enero de 2021, por presentar información inexacta y consignar documentos falsos o adulterados en procedimientos de selección y ejecución contractual. Así lo detalla la resolución N.° 277-2021-TCE-S3.
En junio del mismo año se le impuso una sanción definitiva por los mismos motivos. Es decir, la empresa incumplió la primera prohibición y continuó presentándose a procesos de contratación pública con las mismas prácticas. Al parecer, se trata de un modus operandi, toda vez que las ocho sanciones acumuladas responden a la presentación de documentos falsos o adulterados.
Adicionalmente, el Consorcio H&J incluyó a otro profesional como parte de su equipo técnico: Wilmer Espinoza Santos, ingeniero mecánico, quien presentó como parte de su experiencia un diplomado de apenas 120 horas lectivas, emitido por la empresa PIRQA Decoraciones, por culminar con éxito el curso de instalaciones eléctricas en hospitales y centros de salud. Sin embargo, dicho documento no cuenta con aval universitario, según lo estipula la Ley Universitaria N.° 30220.
Lo mismo ocurrió con el ya mencionado Jorge Alberto Tejada Sara, quien recibió un diploma por residencia y supervisión de obras en infraestructura hospitalaria, también emitido por PIRQA Decoraciones.
Cabe señalar que la empresa Constructora Pimentel S.A.C., consorciada en el proyecto de EsSalud Yanahuara, tampoco es ejemplo de transparencia. Tiene antecedentes de inhabilitación temporal por presentar documentos falsos o adulterados para contratar con el Estado. Aunque la sanción venció el 7 de febrero de 2023, estos antecedentes reflejan un patrón de falsificaciones para obtener beneficios contractuales.
