En menos de un mes, la empresa INDRA Perú logró que el proyecto de Transformación Digital y Procesamiento de Datos de la región Ica, bajo la modalidad de Obras por Impuestos (OXI), se elevara de S/197 millones a más de S/296 millones. Lo hizo con aval del gobernador regional Jorge Hurtado y la anuencia de funcionarios de ProInversión. Entidad estatal que debería garantizar transparencia, no facilitar el beneficio empresarial. Detrás del expediente técnico aprobado a velocidad récord está Gonzalo Tassano Velaochaga, representante de INDRA en Ica, con antecedentes por colusión en una obra sobrevalorada en Chimbote.
Las telarañas digitales de INDRA
La historia comenzó oficialmente con la Resolución Gerencial Regional N° 0370-2025, que aprobó el expediente técnico actualizado del proyecto ICATEC, incrementando su presupuesto en S/100 millones. Sin embargo, el verdadero inicio se remonta a una red de relaciones que vincula a INDRA con funcionarios de ProInversión y gobiernos regionales. Gonzalo Tassano, su representante en Ica, ya había sido investigado por corrupción en 2009, por la sobrevaloración de S/3.5 millones en un proyecto semafórico en Chimbote. Su cercanía con autoridades y su rol en la firma del expediente millonario actual no parece haber generado ninguna alarma.
Mientras tanto, en Lima, el Ministerio de Salud (MINSA) lanzó un proyecto nacional de infraestructura tecnológica y centro de datos con un presupuesto referencial de apenas S/145 millones. El contraste es escandaloso: una obra nacional cuesta la mitad que un solo proyecto regional en Ica. ¿Por qué entonces ICATEC cuesta casi el doble? Todo apunta a que los filtros técnicos y financieros que deberían aplicarse desde ProInversión simplemente no operan o son ignorados.
El medio El Foco ya había advertido en marzo de 2025 sobre el “oscuro negocio” de las OXI en Ica. En su investigación se reveló cómo empresas fachada se adjudicaron más de S/600 millones con apoyo político y funcional de ProInversión. INDRA figuraba entre ellas. Pese a ello, la entidad —adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas— no endureció controles ni cuestionó los vínculos. Por el contrario, los proyectos siguieron fluyendo con incrementos presupuestales y procesos exprés.
Uno de los nombres claves en esta permisividad es Denisse Miralles Miralles, jefa de la Dirección de Inversiones Descentralizadas de ProInversión. Con una década de experiencia dentro de la entidad y un paso por el MEF, ha sido señalada por su cercanía con determinadas empresas. Diversas fuentes indican que mantiene un trato flexible y preferencial con ciertos grupos que se benefician de las OXI en regiones como Ica.
Empresas fachada y sobrecostos
Según fuentes internas, alrededor de ProInversión operan lobistas que impulsan empresas sin respaldo financiero real. Estas firmas “cascarón” obtienen adjudicaciones millonarias pese a que no podrían calificar como financistas en condiciones normales. La falta de un organismo equivalente al OSCE para OXI convierte a ProInversión en juez y parte del proceso, permitiendo irregularidades que terminan financiadas por todos los peruanos.
Pero hay algo más preocupante: la sospecha de que algunas de estas empresas podrían estar vinculadas a flujos financieros de origen ilícito. Fuentes ligadas a gobiernos regionales advierten que empresas sin patrimonio o sin historial crediticio podrían estar vinculadas al narcotráfico o la minería ilegal, que encontrarían en las OXI una vía legal para lavar dinero. La ausencia de filtros o verificación de capitales convierte a esta modalidad en un riesgo sistémico.
El Gobierno Regional de Lambayeque fue uno de los pocos en poner freno. En agosto de 2024, rechazó un proyecto de data center de INDRA por S/100 millones, similar al de Ica. “No voy a aprobar S/100 millones para digitalizar historias clínicas”, dijo el consejero regional Robert de la Cruz, recordando que el Estado ya cuenta con una plataforma gratuita para esos fines: la Plataforma Nacional de Gobierno Digital.
Esa plataforma está amparada por la Ley N° 1412 de Gobierno Digital. Ofrece a todas las entidades públicas servicios de “nube” y procesamiento de datos sin costo, lo cual vuelve todavía más injustificable una inversión de casi S/300 millones en un solo centro regional. La disparidad de criterios entre regiones revela que el problema no es técnico, sino político y estructural.
Finalmente, hay correos electrónicos internos de ProInversión —a los que este medio tuvo acceso— donde se evidencia lobby directo en favor de empresas como INDRA. Los mensajes, enviados a autoridades regionales, buscan facilitar adjudicaciones bajo el argumento de dinamizar la inversión. Pero en la práctica, socavan la transparencia del sistema y facilitan beneficios desproporcionados para empresas ya cuestionadas.
Vicente Huertas, CEO de INDRA Perú, declaró recientemente que la empresa proyecta un crecimiento acumulado de 20% en el mercado nacional, basado en las Obras por Impuestos. No es difícil entender por qué: el sistema actual les permite obtener contratos exprés, sin competencia efectiva ni supervisión sólida. En ese contexto, la pregunta ya no es cuánto costará la próxima obra, sino cuántos millones más le permitirá el Estado inflar.
Con información de Gestión.pe
