La Comisión de Constitución del Congreso aprobó un dictamen que plantea otorgar amnistía a militares y policías procesados por violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno. Con 15 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones, la comisión presidida por Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) dio luz verde a una propuesta impulsada por Jorge Montoya (Renovación Popular) y respaldada por bancadas conservadoras. El texto no excluye delitos de lesa humanidad, lo que ha generado un amplio rechazo entre organizaciones defensoras de derechos humanos.
Congresistas de Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, APP, Somos Perú y Honor y Democracia votaron a favor del dictamen. También lo hizo Luis Aragón de Acción Popular. En contra se pronunciaron legisladores de Perú Libre, Juntos por el Perú – Voces del Pueblo, la Bancada Socialista, el Bloque Democrático Popular y Podemos Perú. Alex Flores (Bancada Socialista) criticó la medida y recordó crímenes impunes como Accomarca y Putis. Ruth Luque (Bloque Democrático) comparó el proyecto con las leyes de impunidad del régimen de Fujimori, y advirtió que se niega a las víctimas el derecho a la justicia.
La iniciativa permite cerrar procesos judiciales contra agentes del Estado si actuaron en el marco de la lucha contra el terrorismo, sin establecer criterios claros ni excluir crímenes internacionales. Organismos como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos advierten que el dictamen viola tratados internacionales y bloquea el acceso a verdad y reparación. Expertos legales alertan que la redacción ambigua podría encubrir desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
Rospigliosi, quien preside la comisión, ha defendido públicamente a militares condenados por violaciones de derechos humanos. En 2023 escribió en el diario Expreso a favor del comandante Raúl Prado Ravines, condenado por liderar un escuadrón de la muerte, calificando el caso como un montaje. Su actual impulso de esta ley refuerza las críticas sobre un intento deliberado de garantizar impunidad a agentes en situaciones similares.
Aunque el dictamen avanza en comisión, aún debe ser debatido y aprobado en el Pleno. Si el Congreso lo ratifica, el Perú enfrentaría un cambio drástico en su política de justicia transicional y posibles demandas ante instancias internacionales. Mientras tanto, el debate pone en tensión el respeto a los derechos humanos frente a una narrativa que privilegia la impunidad en nombre de la “lucha contra el terrorismo”.
