El tramo vial de la calle La Oroya, en el distrito de Socabaya, permanece sin acceso vehicular, pese a que los trabajos de pavimentación y adoquinado ya culminaron. Sucede que la empresa contratista Consorcio JAC Construcción y Suministros E.I.R.L se niega a aperturar el tránsito hasta hacer la entrega de la obra a la gestión del alcalde Roberto Muñoz Pinto. Es decir, aguardan sacarse la foto para el recuerdo en vez de priorizar el flujo de vehículos.
Está decisión generó descontento en los vecinos de la zona, quienes no pueden sacar sus unidades vehiculares de sus cocheras hasta el próximo 16 de junio. A esto se suma que la vía ya fue intervenida tres veces, por su mala ejecución por administración directa que se hizo previamente. Con lo que ha permanecido restringido desde el año pasado, con algunas aperturas temporales.
“Es la tercera vez que están haciendo la pista. Nosotros quisimos reclamar a los encargados de la obra porque no había ningún trabajador. Prácticamente ya han terminado de colocar todo el adoquinado, pero no dejan entrar nuestros carros. No dejan entrar a nuestras cocheras y negocios. Nos han dicho que el contrato todavía se acaba el 16 de junio”, explicaron algunos pobladores a este medio.
Por si fuera poco, el privado destrozó las veredas al momento de retirar la carpeta asfáltica mal hecha, aún cuando no hay presupuesto para una reconstrucción. Toda vez que el contrato no incluye la elaboración de nuevas veredas. Esto ya generó accidentes con algunos pobladores, que cayeron a los desniveles que fueron destruidos.
“Está todo acabado, pero nos están dejando las veredas con huecos. Ya se registraron accidentes. Dentro del contrato no están las bermas, pero las han roto para hacer los trabajos. Solo refaccionaron unas cuantas, las demás están destrozadas. Y no hay presupuesto para eso”, añadieron los pobladores.
Cabe recalcar que, el proyecto denominado “Reparación de las vías vecinales en el tramo de la calle La Oroya, Huamachuco y La Unión, en la urbanización San Martín de Socabaya – I etapa”, se culminó por administración directa en noviembre del año 2024 con un monto de inversión de 310 mil 424 soles. Sin embargo, a los días ya presentaba desniveles y hundimientos, por lo que se realizó una nueva intervención.
Precisamente, la comuna volvió a destinar 830 mil 621 mil soles para rehacer la obra. Ahora bajo la modalidad de administración indirecta, a cargo del Consorcio JAC Construcción y Suministros E.I.R.L. El plazo de ejecución es de 75 días calendarios. Por este motivo se denunció un despilfarro y mala administración de los recursos públicos. La Policía Anticorrupción ya está investigando.
Observaciones de la Contraloría
Asimismo, la Contraloría General de la República detectó problemas en la obra, y publicó un informe este lunes 9 de junio. Según órgano de control, la municipalidad autorizó trabajos adicionales (es decir, no incluidos en el contrato original) sin haber seguido el procedimiento legal para aprobarlos. Inicialmente, estos trabajos se justificaron como “de emergencia”, pero no se ha demostrado que realmente hubiera una situación urgente, como peligro para los vecinos o los trabajadores. Por lo que, de acuerdo a la Contraloría, la aprobación bajo esta figura sería irregular.
De acuerdo al órgano contralor, el 29 de abril la municipalidad permitió que se empezara a colocar subbase de las pistas (una capa fundamental en su construcción), sin tener la aprobación formal de este adicional. Para entonces, el contratista ya había ejecutado buena parte de esos trabajos.
Hasta el momento, han pasado más de 20 días hábiles sin que se apruebe oficialmente este adicional. Recordemos que la figura «de emergencia» no corresponde. El plazo legal desde la solicitud del adicional y la aprobación del mismo no debe exceder los 12 días. Esto es grave porque si no se aprueba pronto, conforme a lo descrito por el órgano de control, el contratista podría pedir más tiempo para extender el plazo de la obra y también pedir más presupuesto.
El contrato actual vence el 16 de junio de 2025. Si para esa fecha no se regularizan estos asuntos, la municipalidad no podrá recibir formalmente la obra terminada, y tendría dificultades para liquidarla, de acuerdo a la Contraloría.
