La Junta Nacional de Justicia (JNJ) revocó la destitución impuesta a Patricia Benavides por la remoción irregular del fiscal Luis Felipe Zapata y la reemplazó por una suspensión de 60 días. Aunque esta vigente otra sanción por trato degradante e interferencia en un caso penal contra su hermana, la exfiscal de la Nación busca que también se anule. Su posible regreso al Ministerio Público ya no parece una hipótesis remota.
La decisión se tomó por mayoría, con seis votos a favor y uno en contra. El ponente del caso, Jaime de la Puente, planteó originalmente una suspensión de 120 días. Pero esta se redujo a 60 con el respaldo de los consejeros Cayo Galindo, Germán Serkovic, Víctor Chanduví, María Teresa Cabrera y Gino Ríos. La reconsideración se admitió en relación a la sanción por el cese de Luis Felipe Zapata Gonzáles. Pues lo retiraron del cargo luego de investigar a un fiscal cercano a Benavides.
La JNJ determinó que Benavides utilizó un informe con datos falsos para justificar la salida del fiscal Zapata de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. Sin embargo, concluyó que no se acreditaron actos de humillación o coacción laboral posteriores, por lo que no correspondía una sanción mayor. Con esto Zapata vuelve a su plaza original en Ucayali, lo que contrasta con el caso de la exfiscal Bersabeth Revilla. Pues a ella si la reubicaron bajo las órdenes de un fiscal al que había investigado.
Pese a esta revocatoria, Benavides sigue inhabilitada por el trato degradante contra Revilla. Ademas, por interferir en el proceso penal contra su hermana, la exjueza superior Enma Benavides. Esa decisión ya se declaró firme, pero la exfiscal solicita que se anule por supuestos vicios de origen. El pedido se presentó ante los nuevos consejeros que ahora integran la Junta.
Si esta segunda sanción también fuera anulada, Patricia Benavides podría volver al cargo del que fue apartada en medio de cuestionamientos por abuso de poder y manipulación institucional. Su retorno dependerá ahora del criterio de una nueva Junta que ya dio la señal de estar dispuesta a revisar decisiones pasadas. La pugna por el control del Ministerio Público, lejos de cerrarse, parece haber entrado en una nueva etapa.
