Durante la III Conferencia de Naciones Unidas sobre el Océano, celebrada en Niza, la presidenta Dina Boluarte firmó el Tratado de Alta Mar. Se trata de un acuerdo internacional que busca proteger la biodiversidad fuera de las jurisdicciones nacionales. Aunque el Ejecutivo asegura que no compromete las 200 millas marítimas del Perú, gremios pesqueros y voces críticas lo ven como una amenaza a la soberanía y la seguridad alimentaria del país.
El Tratado de Alta Mar tiene como objetivo proteger la biodiversidad en zonas oceánicas fuera de jurisdicción nacional, conocidas como aguas internacionales. Estas áreas, que representan dos tercios del océano global, carecían hasta ahora de reglas claras para regular la pesca industrial, la minería submarina o la bioprospección genética. El acuerdo busca llenar ese vacío legal con mecanismos de conservación y normas de uso sostenible.
Desde el Ejecutivo aseguran que la firma del tratado no afecta el dominio marítimo del país. El canciller Elmer Schialer precisó que el Perú rubricó el documento como Estado no parte de la Convemar. Y que cualquier decisión futura deberá pasar por el Congreso. La Constitución, recordaron, protege las 200 millas como zona soberana. “Es un tratado ambiental, no de soberanía”, declaró el funcionario.
En términos prácticos, el tratado permitiría a Perú acceder a fondos de cooperación internacional, inversión en proyectos científicos y asistencia técnica para proteger los ecosistemas marinos. También facilitaría la participación del país en decisiones globales sobre gobernanza oceánica. Y lo alinearía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el ODS 14, centrado en la vida submarina.
Sin embargo, diversos gremios productivos han expresado su rechazo. La Sociedad Nacional de Industrias, la Sociedad Nacional de Pesquería y la Sociedad de Comercio Exterior sostienen que el tratado restringe la actividad pesquera y pone en riesgo miles de empleos. Alegan que fue promovido por ONGs extranjeras que buscan debilitar sectores clave de la economía. Pese a las críticas, la firma aún no implica su aplicación inmediata. Pues el acuerdo entrará en vigor solo cuando al menos 60 países lo ratifiquen formalmente.
