El Congreso de la República suspendió varios beneficios al expresidente Ollanta Humala luego de que fuera condenado por lavado de activos. El acuerdo de la Mesa Directiva ordena quitarle el préstamo de vehículo, los vales de combustible y el pago de un asistente. La medida se aplicó tras la sentencia de 15 años de prisión. Sin embargo, su pensión vitalicia se mantiene por tratarse de un derecho protegido por ley.
La Ley 26519 establece que un expresidente solo pierde la pensión si fue acusado constitucionalmente por el Congreso. No es el caso de Humala. Su proceso judicial se originó por aportes a campañas electorales anteriores a su mandato. Por eso, aunque el Poder Judicial lo halló culpable, el Congreso no puede suspenderle ese beneficio. El fallo lo condena por dinero recibido de Venezuela y Odebrecht.
Mientras tanto, su abogado Wilfredo Pedraza cuestiona la prisión provisional. Sostiene que Humala debería enfrentar en libertad el proceso de apelación. Afirma que no hay peligro de fuga. Recuerda que el expresidente se entregó cuando le dictaron prisión preventiva en 2017. Desde entonces, acudió a todas las citaciones judiciales y nunca incumplió las reglas del proceso penal.
El debate creció luego de que se declarara ilegal la detención inicial. La Sala Constitucional de Lima concluyó que no se había leído ni notificado toda la sentencia antes de ordenar la prisión. Aun así, Humala sigue preso porque ya se emitió la versión íntegra del fallo. Su defensa cree que este precedente ayudará a lograr su liberación mientras se resuelve la apelación.
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La Sala de Apelaciones Nacional ya admitió el recurso y debe fijar fecha para las audiencias. Pedraza insiste en que Humala tiene derecho a esperar el fallo final en libertad. Mientras tanto, se mantiene la presión política y jurídica alrededor de uno de los casos más emblemáticos del financiamiento electoral en el país.
