Más de una decena de asociaciones de microempresarios realizaron un plantón pacífico en el frontis de la Corte Superior de Justicia de Arequipa para rechazar una sentencia emitida por el juez Yuri Filamir Corrales Cuba, que los despojaría de más de 400 hectáreas reservadas para la construcción del Parque Industrial Yura.
La protesta coincidió con la vista de la causa en la Tercera Sala Civil, conformada por los magistrados Nimer Marroquín Mogrovejo, César Burga Cervantes y Luis Madariaga Condori. Los microempresarios exigieron que se revoque el fallo de primera instancia por considerar que se sustenta en documentos sin validez legal.
Según los dirigentes, el proceso se basa en escrituras imperfectas firmadas por Beneraldo Paricahua Ramos, quien fue juez de paz letrado en San José – La Joya hasta 1994. No obstante, las escrituras en cuestión tienen fecha de 1996, cuando ya no ejercía funciones jurisdiccionales. Con dichos documentos, se reconoció como propietario al ciudadano Ricardo Díaz Macuchapi.
El predio en disputa fue cedido por el Gobierno Regional de Arequipa hace 17 años para el desarrollo de un parque industrial en el Cono Norte. Sin embargo, la sentencia del Juzgado Civil de Paucarpata otorgó derechos posesorios a Díaz Macuchapi, en detrimento de los empresarios organizados en distintas asociaciones productivas.
Larga espera
“Esas escrituras son ilegales. Nosotros llevamos 17 años gestionando este parque industrial con el Gobierno Regional. Hemos invertido más de 10 millones de soles en movimiento de tierras y hoy se nos llama invasores”, declaró Graciela Mayhua, dirigente de los microempresarios.
“Solo pedimos que revisen las pruebas. Que sometan esos documentos a un peritaje. Aquí hay una organización que ha fragmentado los terrenos con fines especulativos”, sostuvo Mayhua.
La dirigente también emplazó al gobernador Rohel Sánchez a cumplir su promesa de sanear los terrenos. “Hemos presentado proyectos, líneas de tiempo, acuerdos. Solo recibimos burlas”, dijo. Afirmó que más de 250 hectáreas de más de 450 han sido invadidas y que existe una denuncia de la Procuraduría contra los involucrados.
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Los microempresarios esperan el fallo de segunda instancia en las próximas semanas. Mientras tanto, advierten que continuarán movilizándose. “Nuestra economía depende de este parque industrial. No vamos a permitir que se nos arrebate con documentos falsos”, concluyó Mayhua.
