Por Omar J. Candia Aguilar. Abogado y político: Mail: ocandia@unsa.edu.pe
Recientemente se ha publicado la Ley N° 32332, que tiene por objetivo implementar la plataforma denominada Denuncia Digital, con el fin de permitir a los ciudadanos el registro de denuncias digitales por delitos contra el patrimonio para el inicio de los actos de investigación correspondientes. Lo que permitirá que no se tenga que acudir de manera presencial a una unidad policial, convirtiéndose en un acierto del legislador.
La ley ha establecido y limitado que las únicas denuncias que se podrán presentar a través de la plataforma digital, son los delitos que atentan contra el patrimonio, entre estos se incluyen el robo, hurto, apropiación ilícita, receptación, estafas, extorsión, usurpación, daños, delitos informáticos y fraude contra la administración de personas jurídicas. Estos ilícitos son de alta incidencia delictiva, pero también son los que más suelen quedar impunes debido a la falta de denuncias formales.
Esta innovación tiene un doble impacto; por un lado, elimina barreras burocráticas; y por otro, reduce el contacto con un sistema policial que, en muchos casos, ha demostrado ser renuente a recepcionar denuncias. Son recurrentes las quejas ciudadanas respecto a la negativa o reticencia de algunos efectivos policiales para asentar las denuncias, lo cual desincentiva que los ciudadanos recurran a las comisarias a presentar sus denuncias. En este sentido, la ley contribuye a reducir la cifra negra, es decir, el número de delitos que nunca llegan a conocimiento del sistema judicial.
Según diversas encuestas de victimización, una parte significativa de las personas que sufren delitos no las denuncian, ya sea por desconfianza, por temor a represalias o simplemente porque consideran inútil iniciar un trámite largo y desgastante. La plataforma digital permite revertir esta situación, brindando un canal accesible, directo y eficiente. Además, al centralizar las denuncias en un sistema digital, se genera información territorializada en tiempo real, lo que constituye una fuente valiosísima de datos para la formulación de políticas públicas. Con esta data, el Estado podrá identificar zonas de alta incidencia delictiva, establecer patrones delictivos, caracterizar los tipos de delitos, asignar recursos de manera más eficiente y diseñar programas de prevención del delito con mayor precisión.
Asimismo, esta ley facilita de manera significativa la denuncia de delitos como la extorsión, un ilícito que ha crecido de forma alarmante en los últimos años y que muchas veces no es reportado por temor o por la complejidad de denunciar en persona. Al contar con una herramienta digital que permita al agraviado actuar con mayor reserva y rapidez, se incrementan las probabilidades de iniciar una investigación oportuna que frene este delito.
Entre los riesgos de esta novedosa ley, está la implementación y la operatividad del sistema, que va a depender de la Policía Nacional; asimismo, las falsas denuncias o el mal uso del sistema, aunque el legislador ya ha establecido una sanción para quienes utilicen indebidamente la plataforma de denuncias digitales.
Finalmente, la implementación exitosa de esta plataforma requerirá un trabajo articulado entre el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Ministerio Público, la RENIEC y la ciudadanía. Así como, garantizar que la herramienta digital sea de fácil acceso, segura y confiable. Solo así se logrará su verdadero potencial: convertirse en una herramienta eficaz contra la impunidad y un canal legítimo de justicia para todos los peruanos.
