El Montonero: Elecciones 2026 y la gestión pública en Arequipa

 Por Gustavo Puma Cáceres. Planificador Urbano Territorial y Portuario, Gobernanza Territorial y Gestión de Ciudades Puerto. Mail: gpumacac@unsa.edu.pe

Hablar de gestión pública en Arequipa con miras a las elecciones municipales y regionales de 2026 implica asumir una agenda urgente: mejorar la calidad del Estado para garantizar servicios dignos, inversiones eficientes y políticas públicas alineadas con las necesidades reales de la población. No se trata solo de cambiar autoridades cada cuatro años, sino de transformar una institucionalidad corroída por la corrupción, la improvisación y la falta de visión estratégica. Hoy, más que nunca, urge debatir cómo evitar que los errores del pasado se repitan con nuevos rostros y el mismo guion.

El “Manual de Gestión Pública” de Miguel Ninamango y Francisco Sánchez, publicado en 2022, ofrece una base sólida para repensar el rumbo. Los autores identifican con claridad los nudos críticos de la administración pública peruana, como la débil profesionalización, la baja capacidad técnica y la ausencia de control ciudadano. Pero también proponen alternativas viables: desde mejorar la formación de funcionarios hasta implementar modelos de gobernanza más transparentes e inclusivos. Ideas que Arequipa necesita adoptar con urgencia si quiere salir del estancamiento.

Una de las principales debilidades en la región es la falta de coordinación entre niveles de gobierno e instituciones. Esa desconexión no solo genera proyectos duplicados o inconclusos, sino también desperdicia recursos que podrían mejorar la vida de miles. La experiencia reciente demuestra que sin planificación articulada, cualquier inversión pública es vulnerable al fracaso. Por ello, los próximos candidatos deben dejar claro cómo lograrán una gestión interinstitucional coherente y con metas comunes.

Otro problema estructural es la corrupción, que ha dejado cicatrices en gobiernos locales y en el Gobierno Regional de Arequipa. Casos de obras direccionadas, sobrecostos y contrataciones irregulares han debilitado la confianza ciudadana. Pero combatir este mal no se resuelve con discursos. Se necesita una política clara de transparencia activa, auditorías permanentes y digitalización de procesos que reduzca la discrecionalidad. Si no se asume con firmeza, ningún otro cambio será sostenible.

La excesiva burocracia es otro obstáculo. Trámites innecesarios, procesos lentos y falta de capacitación generan frustración ciudadana y frenan la inversión privada. La modernización del Estado en Arequipa debe pasar por la profesionalización del servicio civil —con evaluaciones de desempeño y meritocracia real— y por una simplificación administrativa apoyada en tecnología. No es solo eficiencia: es respeto al tiempo y derechos de las personas.

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De cara a 2026, el desafío es triple: diseñar una planificación de largo plazo con visión regional al 2050; implementar políticas efectivas contra la corrupción con participación ciudadana activa; e invertir de manera seria en el capital humano del Estado. No se trata de más diagnósticos, sino de voluntad política y presión social para que las promesas se traduzcan en reformas concretas. Los ciudadanos no deben esperar a elegir para actuar: deben exigir desde ahora.

Arequipa necesita más que votos: necesita vigilancia. La ciudadanía tiene la responsabilidad de exigir debates técnicos, evaluar con criterio a los candidatos y fiscalizar sus gestiones una vez en el poder. Solo así se romperá el ciclo de improvisación que ha paralizado a la región durante décadas. El cambio no vendrá de afuera: será producto de una ciudadanía informada, exigente y activa. De eso dependerá que la gestión pública deje de ser un lastre y se convierta en motor de desarrollo.

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