Un reciente estudio emitido por la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema) generó la indignación y preocupación entre más de 400 familias que fueron perjudicadas por las inundaciones y la erosión de sus terrenos, a raíz del trasvase de aguas durante la ejecución del proyecto Majes Siguas I.
El informe técnico presentado ante el Consejo Regional de Arequipa (GRA), mediante oficio N° 033-2025-GRA/PEIMS-GE, el pasado 26 de marzo, niega su condición de afectados o damnificados, lo que dejaría a estas familias sin la posibilidad de recibir compensación por los daños sufridos.
“Las personas que disponen de capacidades socioeconómicas, es decir, que cuenten con ingresos, educación y ocupación para recuperarse de manera inmediata, no podrían ser consideradas como damnificadas”, se desprende del informe tras citar el concepto de damnificado en la Real Academia Española (RAE). Es decir, Autodema busca deslegitimar a todos los afectados con evaluaciones semánticas.
Además, se deja ver que los daños causados en los campos de cultivo sepultados fueron producto de desastres naturales. “No existe prueba alguna técnicamente demostrada que el proyecto Majes Siguas sea el responsable, de los desbordes y rozamientos ocasionados por la avenida del río Siguas, ocurridos en el mes de marzo del año 1984, antes o después de dicha ocasión, y por tanto no existe obligación alguna por parte de Autodema para efectuar compensación o resarcimientos por un fenómeno natural”, explica el documento.
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Francisco Vera Pacheco, presidente del Frente de Defensa de los Pueblos Afectados por Majes I, calificó el informe como «agresivo» y señaló la contradicción con los avances y conversaciones sostenidas desde el año 2000, incluyendo encuentros recientes en febrero. «No nos quieren reconocer en la reubicación de las 2460 hectáreas destinadas a los damnificados en la reserva de Pampa Grande. Hemos analizado detalladamente cada punto y tomaremos las acciones legales correspondientes», enfatizó el dirigente.
Lo cierto es que Autodema tiene la sartén por el mango. Mientras no se evidencie la magnitud de los daños y la cantidad de damnificados, el Consejo Regional de Arequipa (CRA) no puede emitir una ordenanza regional para resarcir a los mismos. Así, la incertidumbre se cierne sobre estas familias, quienes ven cómo la posibilidad de ser resarcidas por los daños causados a sus tierras se desvanece ante la postura de la entidad que depende del Gobierno Regional de Arequipa (GRA).
