La Fiscalía presentó una nueva denuncia constitucional contra la presidenta de la República Dina Boluarte y seis de sus exministros por los presuntos delitos de lesiones leves y graves durante la represión de las protestas sociales entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.
Según el Ministerio Público, el caso comprende a 75 víctimas en Apurímac, Ayacucho, Cusco, Puno, Ucayali y Lima Metropolitana. El documento fiscal sostiene que los hechos ocurrieron “con pleno conocimiento” de las autoridades denunciadas, entre ellas los expremiers Pedro Angulo y Alberto Otárola.
El abogado de Boluarte, Joseph Campos, calificó la investigación como “inconstitucional” y “sin sustento real”. Para él, la Fiscalía está utilizando la denuncia como “herramienta de presión” ante el Tribunal Constitucional, que tiene en sus manos un conflicto competencial y un amparo planteado por la defensa de Boluarte. “Esto ya va por los 30 meses. No hay nada. Es una investigación que materialmente dura más que un proceso, lo cual no permite la Constitución”, dijo en RPP.
Otárola, por su parte, reaccionó desde su cuenta de ‘X’, denunciando un “ejercicio abusivo del derecho”. “¿Salieron a pescar?”, ironizó, tras recordar que una acusación previa ya fue archivada en el Congreso.
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Junto a Boluarte, la denuncia involucra a figuras políticas como el ex ministro del Interior César Angulo Cervantes, así como a Jorge Luis Chávez Cresta, Víctor Eduardo Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández.
