Una nueva contratista podría sumarse a la larga fila de empresas que iniciaron arbitrajes contra el Gobierno Regional de Arequipa (GRA). Y es que la gestión de Rohel Sánchez no puede salir del panorama sombrío con la ejecución de obras públicas. Y es que una nueva controversia pone en el limbo el proyecto denominado “Mejoramiento de los servicios educativos en la Institución Educativa N° 41037 José Gálvez, del distrito de Miraflores”, que se ejecuta con un presupuesto de 17 millones 393 mil 254 soles.
Sucede que el 9 de mayo del año en curso, el Consorcio Pastor puso contra las cuerdas al GRA, al enviar una carta notarial a la Gerencia Regional de Infraestructura (GRI), donde se advierte un apercibimiento de la resolución del contrato por incumplir con la designación de un supervisor de obra. Esta omisión, advierte el privado, trajo múltiples perjuicios que limitaron el avance de los trabajos y que hoy permanecen paralizados, con apenas 17% de avance físico.
Supervisor sin perfil
La carta notarial N° 001-2025-CP-DPO-RC advierte que el 30 de julio del 2024, la entidad adjudicó la buena pro para este servicio de consultoría a Bernardo Alanoca Aragón, por un monto equivalente a 898 mil 318 soles. Sin embargo, dicho postor incluyó al arquitecto Miguel Ángel Gonzales Rodríguez como supervisor, pero este, indica la denuncia, no cumple los requisitos mínimos establecidos. Es decir, no cuenta con la experiencia necesaria para brindar estos servicios.
Según el artículo 186.2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, el supervisor debe cumplir como mínimo las mismas calificaciones y experiencia requeridas para el residente de obra. No obstante, en las bases para la convocatoria, el GRA estableció perfiles completamente diferentes para ambos puestos.
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Para el jefe de supervisión (supervisor) se requirió a un ingeniero civil o arquitecto titulado y colegiado, con una experiencia profesional mínima de 4 años como residente de obra y/o supervisor o proyectos similares. Mientras que, para el residente se buscó un ingeniero civil con 36 meses de experiencia computada desde la colegiatura como residente y/o supervisor de obra.
Durante la convocatoria N° 0-2024-GRA, tampoco se contempló alguna excepción para permitir a un arquitecto como personal clave. Por lo mismo, la contratación del supervisor para este proyecto educativo es irregular, toda vez que no cumple con la normativa vigente, poniendo en riesgo la culminación del proyecto; es decir, ambos —residente y supervisor— deberían ser ingenieros civiles.
Daños colaterales
La falta de experiencia en proyectos educativos y desconocimiento pleno en ingeniería del supervisor Miguel Ángel Gonzales Rodríguez generó retrasos y observaciones en cuanto a adicionales, consultas, ampliaciones de plazo, revisión de planos estructurales, entre otras situaciones. La contratista advierte que su falta de formación profesional conllevó a la denegatoria parcial de la ampliación de plazo N° 3, motivada por la falta de servicios básicos para el plan de contingencia.
Sucede que el GRA, en múltiples informes, determinó su responsabilidad ante las deficiencias del expediente técnico. Sin embargo, el supervisor asignó la responsabilidad al privado y denegó la referida ampliación. También se le atribuye la responsabilidad en la improcedencia de las ampliaciones de plazo N° 4 y N° 5, que dilató mucho más el avance del proyecto.
El documento revela, además, que Gonzáles Rodríguez también desconoce del procedimiento normativo vigente, al sugerir un incremento en la amortización de los adelantos de obra. Esta propuesta pretendía el método de recuperación de los adelantos, aumentando el porcentaje de descuento en las valorizaciones mensuales para retener mayores montos al contratista.
Otra muestra del accionar, que la empresa considera irregular, obedece a una aplicación indebida de penalidades. Y es que el supervisor impuso una penalidad equivalente a 101 mil 650 soles al consorcio, bajo el pretexto de una disminución injustificada de trabajo. La multa se estableció de manera unilateral, pese a que la demora se dio por las solicitudes de ampliación que no se resolvieron.
Otros perjuicios
Las acciones descritas anteriormente ya generaron un grave desfinanciamiento del contratista. Esto debido a la suma de ampliaciones de plazo denegadas, la falta de reconocimiento de mayores costos y la aplicación de penalidades arbitrarias. El Consorcio Pastor advierte que asumió con recursos propios el sostenimiento del proyecto, aun cuando no está en la obligación de hacerlo, toda vez que cada parte (entidad y contratista) asume los riesgos y costos que le corresponde.
En tal sentido, se acusa al GRA por la designación del supervisor sin cumplir con el perfil requerido. “Un supervisor mal seleccionado, sin la competencia normativa y técnica adecuada, ha llevado a decisiones equivocadas que ponen en riego la correcta culminación del proyecto. Se insta a la entidad a rectificar de inmediato estas conductas y a encauzar la supervisión de la obra dentro del marco legal”, se desprende de la carta notarial.
También se advierte que, de persistir las mismas transgresiones, el consorcio se verá forzado a adoptar medidas legales en resguardo de sus derechos, incluida la resolución de contrato por incumplimiento.
Revelación.pe trató de comunicarse con el gerente de Infraestructura, Fabián Enriquez Mamani y con el jefe de la Oficina de Supervisión de Inversiones y Transferencias, pero ninguno respondió. Su silencio quizá se debe a que aún permanecen en París, Francia, a donde acudieron para realizar una visita técnica de los hospitales europeos. Para los funcionarios de Rohel Sánchez este tipo de viajes son mucho más importantes que atender las controversias contractuales en Arequipa.
