Miguel Antonio Rodríguez Díaz, alias Cuchillo, no se quedó callado. El hombre a quien Dina Boluarte señaló como presunto responsable de la masacre en Pataz, donde fueron asesinados 13 trabajadores de la mina La Poderosa, le ha enviado una carta notarial a la presidenta exigiendo una rectificación pública. Le da cinco días de plazo. Si no lo hace, la denunciará por calumnia y difamación agravada.
“El más alto mando del Ejecutivo ha dicho una falsedad sobre mi persona”, escribe Rodríguez Díaz, quien purgó una condena de siete años de prisión y fue mencionado por la mandataria en una conferencia realizada el 5 de mayo, al día siguiente de la matanza. Ese día, Boluarte, junto a su gabinete y el gobernador de La Libertad, César Acuña, atribuyó directamente la autoría del crimen a Cuchillo, pese a que la investigación policial aún está en curso.
La carta, de tono firme y redactada por su abogado, Kevin Díaz, recuerda que las declaraciones de un presidente de la República tienen un peso institucional que trasciende los titulares. “Se entiende que ostentan la calidad de veraces y confiables”, señala el documento enviado por notaría.
Rodríguez Díaz exige que Boluarte pida disculpas públicas y se comprometa a no volver a atribuirle hechos “falsos”. “Me veré obligado a recurrir ante los órganos judiciales competentes”, advierte, en caso de que no haya rectificación. No se descarta una acción civil por daños.
“Ya pagué mi pena”
En una entrevista con Cuarto Poder, Cuchillo reapareció —con voz pausada y sin mostrar su ubicación exacta— para rechazar cualquier vínculo con la masacre. A pesar de que su registro migratorio indica que salió rumbo a Colombia después del crimen, él lo niega. “Ya no estoy en Colombia (…) Es correcto que estoy en un país vecino, pero no puedo decir cuál”, declaró.
Sobre su pasado carcelario fue directo: “Yo he tenido mis errores, pero ya los he pagado. Ya pagué con una pena privativa de siete años. Sé lo que es un penal y no quiero volver ahí”. También afirmó que, en su momento, se pondrá a disposición de la justicia.
Un regreso condicionado
Kevin Díaz, su abogado, precisó que su patrocinado volverá al Perú solo “una vez que se determine a los verdaderos responsables” de los asesinatos. “Dentro de la clandestinidad está asumiendo la responsabilidad de dar su versión”, sostuvo.
El defensor añadió que Rodríguez Díaz salió del país por miedo a ser ajusticiado antes que procesado. “Sabemos que, una vez detenido, será enviado a un penal. Este caso ha trascendido tanto que existe plena convicción de que le van a dictar prisión preventiva”, sostuvo.
Según Díaz, su salida del país fue una decisión por seguridad familiar. Primero fue a Colombia, y luego desapareció de los radares oficiales. Hoy, habla desde el anonimato con la promesa de reaparecer… cuando crea que es seguro.
